Los armadores gallegos han aplaudido la resolución alcanzada por los organismos supranacionales. El entusiasmo no es para menos. «Por primera vez la Unión Europea defendió al sector pesquero gallego y por primera vez nos hemos sentido comunitarios de verdad», dijo el director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), José Ramón Fuertes. Todo comenzó cuando los empresarios denunciaron el asunto ante las autoridades españolas, que, a su vez, se acogieron a un reglamento comunitario sobre obstaculización del comercio. Chile respondió a esta maniobra arguyendo que sólo planteaba la conservación del caladero, extremo que la UE desmontó ante los organismos internacionales. De nuevo Chile volvió a la carga y presentó una denuncia ante el GATT, a lo que finalmente los armadores gallegos contestaron, vía Bruselas, con un recurso ante Naciones Unidas negando la sobreexplotación de las poblaciones pesqueras y añadiendo que es precisamente la ONU la que debe tutelar el caladero. El cierre de la crisis entre la UE y Chile tiene, si cabe, una lectura más profunda: que los países con costa y ansias de aumentar su jurisdicción más allá de su ZEE correspondiente pueden darse por vencidos, además de abandonar toda esperanza de encontrar amparo ante los organismos internacionales en el caso de querer proyectar su dominio más allá de las 200 millas de su costa.