Exige que los concellos sean resarcidos por la bonificación a las concesionarias en la contribución urbana Carlos Aymerich, diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, criticó ayer el estudio que se ha hecho sobre la compensación estatal a los ayuntamientos por los que discurren las autopistas de peaje. Las empresas concesionarias de estas vías tienen una bonificación del 95% en la base imponible de la contribución territorial urbana, algo que el BNG pide que sea compensado. En el informe, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales niega tal contrapartida.
31 ago 2000 . Actualizado a las 07:00 h.La bonificación a las concesionarias de las autopistas en la contribución urbana supone un grave perjuicio para las entidades locales gallegas, según el BNG. Los municipios de Galicia, aquejados de una endémica insuficiencia financiera, en opinión de la formación nacionalista, ven aumentado su problema con la reducción del 95% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles a las citadas empresas. En la disposición adicional vigésimo tercera de los Presupuestos Generales del Estado para 1999 se obligaba a elaborar el citado estudio. Esto se reitera en los presupuestos del 2000. En el informe, con fecha de 7 julio de este año, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales manifiesta que la compensación que reclama el BNG no es aplicable cuando las concesiones son anteriores al 1 de enero de 1990. Carlos Aymerich aseguró que «de acolle-lo Goberno o que se di no informe, sería un fraude; comprometeuse a elaborar un estudio da compensación, non a estudiar se a había ou non». «Dá a impresión de que as contas non cadran», dice. Si el Gobierno no cumple el compromiso que adquirió, para Aymerich habría defraudado a los ayuntamientos gallegos, que habían creado unas expectativas al respecto. «Varios centos de millóns» Carlos Aymerich estima que la compensación supondría «varios centos de millóns para os concellos galegos». El diputado nacionalista emplea como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Bergondo, con un presupuesto escasamente superior a 400 millones de pesetas. «O valor catastral dos inmobles suxeitos ó imposto de bens inmobles de Audasa, concesionaria da A-9, ascende, segundo fontes municipais, a máis de 5.000 millóns de pesetas», explicó Aymerich. Varios ayuntamientos gallegos ya están pleiteando con el Ministerio de Hacienda por esta concesión, según afirma Aymerich. Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego seguirá presentando iniciativas en el Congreso y mociones en los municipios para lograr que la compensación se conceda. La bonificación de que disfrutan las empresas concesionarias de las autopistas ha sido establecida en la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de peaje.