El Rey dijo durante la ceremonia que El Tribunal Constitucional celebró ayer su vigésimo cumpleaños con casi 4.500 causas pendientes de resolver amontonándose en los despachos. El presidente de la alta institución judicial, Pedro Cruz Villalón, pidió al Gobierno y a las comunidades autónomas que limiten el número de conflictos de competencias que elevan ante el tribunal para ayudar a reducir el atasco existente, ya que desde su puesta en marcha se han resuelto más de 700 casos de este tipo. El rey, que asistió a la ceremonia, afirmó que «el terrorismo es la negación más brutal de los derechos fundamentales del ciudadano» y recordó a Francisco Tomás y Valiente, ex-presidente de la institución asesinado por ETA.
05 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía presidieron ayer la ceremonia del vigésimo aniversario del Tribunal Constitucional, acompañados por el actual presidente del alto tribunal, Pedro Cruz Villalón. «El terrorismo es la negación más brutal de los derechos fundamentales de los ciudadanos», señaló don Juan Carlos, que recordó, en su intervención, la ausencia del catedrático Francisco Tomás y Valiente, ex-presidente de la institución asesinado por ETA. Entre los asistentes al acto, una nutrida representación de los tres poderes del Estado y de las instituciones autonómicas, como el lehendakari Juan José Ibarretxe o el presidente de la Xunta, Manuel Fraga. El presidente del Tribunal Constitucional destacó que desde el 26 de enero de 1981, fecha de en que se dictó la primera sentencia, el alto tribunal ha fallado en 4.000 casos, aunque no ocultó el enorme volumen de trabajo que soporta la institución. Ejemplo de ello, las casi 4.500 causas pendientes de resolver que se amontonan en los despachos. Cruz Villalón recordó que a lo largo de estos años, el Constitucional «ha debido proyectar gran parte de sus energías en la delimitación del contenido de las competencias del Estado y las comunidades autónomas» (más de setecientos asuntos de ese tipo resueltos) y pidió al Gobierno y a las autonomías que limiten el número de conflictos que elevan al alto tribunal para ayudar a reducir el atasco existente.