Un relato escrito para «personas curiosas y legas», según reza la propia obra en su portada
26 ene 2017 . Actualizado a las 18:19 h.«La bouche qui prononce les paroles de la loi»: así definió a los jueces, en 1748, el Barón de Montesquieu en Del Espíritu de las leyes, una de las obras más fundamentales del pensamiento político moderno. No hay que saber mucho, sin embargo, sobre la decisiva función que desarrollan los jueces en los Estados constitucionales para constatar que las cosas en realidad marchan de otro modo, es decir, que la función jurisdiccional es mucho más que la mecánica traducción al caso concreto de las previsiones abstractas de las leyes. Al aplicarlas, los jueces inevitablemente han de interpretarlas, cargándolas de una subjetividad, limitada, pero he hecho incontestable. Los jueces son seres humanos y, en esa condición, tienen ideología e intereses. Y, porque los tienen, existe el principio de la independencia judicial, con el que trata de acercarse la labor jurisdiccional al ideal de Montesquieu: que los jueces sean sólo la boca que expresa el contenido de las leyes. Cuando se elaboró nuestra Constitución se pensó que la mejor forma de garantizar la independencia de los jueces era crear un órgano que apartase al poder judicial de la esfera del poder ejecutivo al que durante la dictadura franquista, aunque no sólo durante la dictadura franquista, había estado muy ligado. Ese órgano fue el Consejo General del Poder Judicial, cuya historia ha sido la de un fracaso estrepitoso. Para explicar ese fracaso, los largos antecedentes históricos de la voracidad de los políticos por controlar a los jueces y las medidas que habría que adoptar para evitarlo ha escrito Francisco Sosa Wagner, gran jurista de vastísima cultura, un libro tan excelente y riguroso como ameno y asequible. Un «relato escrito para personas curiosas y legas», según reza la propia obra en su portada, que, cruzado todo él por uno de los sentidos más sanos que pueden adornar a un ser humano -el del humor- aborda con una admirable claridad y valentía una parte de los males de nuestro sistema judicial, con la vista puesta en alcanzar un objetivo tan esencial como evidente: que el servicio público de la justicia alcance un nivel de eficacia y, en consecuencia, de aceptación social tan elevado como el que tienen en España otros servicios. Aunque Francisco Sosa no se detiene solo en los problemas derivados para una real y efectiva independencia de los jueces de la existencia del Consejo -desde su creación el padre de todas las batallas que se han librado en el poder judicial- dedica a tal cuestión la parte central de su obra. ¿Por qué razón? Es sencillo: porque las facultades del Consejo, y de manera muy especial la que tiene en relación con los nombramientos y ascensos en la carrera judicial, han introducido en ella el virus de la politización y, para ser más exactos, del partidismo político, gran amenaza de la independencia de los jueces.
En coherencia con tal diagnosis, el autor propone, bien conservar el Consejo, «afeitadas sus barbas de señor poderoso», privándolo de «la libertad para designar altos cargos», bien suprimirlo, alternativa que quien esto escribe lleva defendiendo desde hace mucho tiempo.
Y así podrá aplicarse la receta que ofrece Francisco Sosa para garantizar la existencia de una justicia independiente: «Pruebas públicas de ingreso, especialización judicial […], carrera asegurada sin sobresaltos ni trampas, trabajo razonablemente valorado, sueldo digno, jubilación así mismo reglada. Dicho de otra forma: un estatuto jurídico del juez regido en todo por el principio de legalidad, alejado de componendas políticas y asociativas». Sí: se puede decir más alto, pero es imposible expresarlo con más rotunda claridad.