Áurea Soto: «No comparto el código ético del PSOE, pero lo acato»

ourense / la voz

FIRMAS

15 ene 2015 . Actualizado a las 04:00 h.

Dos días después de anunciar su salida del Concello de Ourense, la edila Áurea Soto se mantiene firma en la defensa de las actuaciones que la llevarán a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística continuada por la licencia de la plaza de San Antonio. En una entrevista con Fernanda Tabarés en el programa Vía V, de V Televisión, la concejala socialista aseguró que su decisión de irse se debe a la obligación de cumplir las normas que impone su partido: «No comparto el código ético del PSOE, pero lo acato».

Cuestionada sobre cómo afronta su paso por el banquillo de los acusados, la exresponsable de Urbanismo aseguró: «Lo llevaré como un honor por defender el urbanismo de Ourense. Cuando te enfrentas al verdadero poder, y en Ourense lo hemos hecho, te arriesgas a esto. Quería una protección de la judicatura y no la hemos tenido».

Sobre su imputación en la plaza de San Antonio, la concejala afirmó: «No puedo entender por qué se ha llegado a la apertura de juicio oral, que por cierto no es una condena. No he prevaricado ni remotamente en la plaza de San Antonio». A lo largo de su paso por Vía V, Áurea Soto mostró su disconformidad con el papel de la judicatura en Ourense durante el mandato del PP en el Concello: «Los jueces no se han preocupado en Ourense ni remotamente del urbanismo durante doce años. No se preocuparon cuando se regalaba el 10 % de los aprovechamientos urbanísticos o cuando se tumbó un plan general de urbanismo».

Además, negó en reiteradas ocasiones, al igual que ya hizo el alcalde de Ourense el día de su cese, que su caso pueda englobarse bajo la etiqueta de corrupción.

Defensa a ultranza de Paco

La exteniente de alcalde se refirió a Paco Rodríguez, exalcalde de Ourense, que fue quien la fichó para la política local. Considera Soto que todo lo que sucedió en los últimos dos años se hubiera evitado si la Pokémon no irrumpiera en el gobierno: «No se puede detener a una persona que ha sido elegida por los ciudadanos y que dos años después no se sepa por qué se la detuvo».