La sentencia que anula el acuerdo de privatización alcanzado con los trabajadores del servicio de recogida de basura es el enésimo obstáculo que se encuentra en el camino este proyecto, que pasaba por ser una de las iniciativas estrella del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, tras asumir el cargo.
¿Cuándo se puso en marcha el proyecto?
Baltar Blanco lo anunció con motivo de la presentación de su Plan Ourense 92, el día 1 de junio del año 2012. Ese documento, que establecía los compromisos de gestión de su gobierno provincial para el resto del mandato, fijaba la privatización de la recogida de basura para junio del año 2013. Esa fecha hace tiempo que ha pasado, pero el proyecto sigue sin arrancar.
¿Qué ha impedido que saliera adelante?
Diversos factores se han aliado para dificultar la puesta en marcha del proyecto. Las reticencias de algunos alcaldes (incluso del PP) y de los trabajadores, que exigieron de un importante esfuerzo negociador al gobierno, acabaron siendo resueltas, pero demoraron notablemente el proceso. La aplicación de los cambios en el canon que cobra Sogama por el tratamiento de los residuos y las modificaciones que introdujo la Diputación en sus propios planes -por ejemplo, para incluir en el paquete a privatizar la gestión del Centro Verde de San Cibrao- fueron otros motivos de retraso.
¿Cómo afectará la sentencia a los planes del gobierno?
La decisión judicial anula el acuerdo alcanzado por el gobierno provincial con los trabajadores del servicio de recogida de basura por considerar que vulnera la Constitución al establecer diferencias entre los fijos y los temporales. A menos que instancias superiores corrijan esa sentencia, si quiere seguir adelante con la privatización, el ejecutivo liderado por José Manuel Baltar deberá alcanzar un nuevo acuerdo con la plantilla.
¿A quiénes afecta este servicio?
A los 44 empleados que trabajan en él, así como a los 48 ayuntamientos que tienen delegada la recogida normal de residuos sólidos urbanos, los 23 que encargaron a la Diputación la de la denominada «bolsa amarilla», los 8 en los que se recoge el papel-cartón y los 14 que delegaron el vidrio. Solo en lo que respecta a la llamada «bolsa negra», la institución provincial da servicio a 112.000 personas.