La antigua prisión cumplirá cinco años de abandono en el 2015
14 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La antigua prisión provincial iba a ser muchas cosas, pero a pocos meses de que se cumplan cinco años de la salida de allí del último preso, sigue sin ser nada. Y tiene pinta de que el problema va para largo, porque entre la sociedad estatal encargada de las prisiones -dependiente de Interior- y el consistorio coruñés, las cosas parecen haberse enquistado.
El tapón que obstruyó el camino de vuelta del viejo presidio a manos municipales se firmó en el 2005 en forma de convenio. Lo hicieron el entonces alcalde y el responsable de Prisiones, y establecía que si el consistorio quería recuperar la cárcel, antes tenía que desembolsar 1,2 millones a ese organismo.
Esa filosofía no la compró el actual gobierno local, que apuesta por otra distinta: no pagar dos veces por lo mismo. La primera vez, eso sí, empieza a quedar lejos. Fue allá por los años 20 cuando el Ayuntamiento pagó los terrenos cercanos a la torre para cederlos al Estado y que este construyera el edificio. Abonó 19.000 pesetas de entonces, unos 115 euros en moneda actual, cifra que, lógicamente, equivaldría hoy a otra muy superior.
Proyectos fallidos
Antes de que la cárcel dejara de serlo en el 2010 surgían ya de María Pita proyectos para el histórico edificio, ubicado en un enclave único y con un valor arquitectónico indudable. Corría el año 2002 e iba a ser la «casa de la creatividad» y allí se iban a exponer los más importantes inventos del género humano.
No lo fue, como tampoco cuajó la iniciativa de montar allí un museo temático de la Torre. De eso se habló en el 2009 y como todo hasta entonces, quedó en nada. El mismo camino siguió otra de las propuestas que por esas fechas sonaba con fuerza: convertir las viejas celdas en un parador de turismo.
Durante un tiempo, hace unos años, abrió sus puertas para determinadas actividades culturales y conciertos, pero fue efímero. El silencio volvió a apoderarse del inmueble, que sigue deteriorándose y con vigilantes de seguridad como únicos inquilinos. De hecho, el Estado acaba de sacar a concurso ese servicio por el plazo de un año prorrogable otro más. Se ve que no hay mucha intención de acelerar las cosas.
El asunto de la cárcel, como era previsible, acabó en el juzgado, que acabó fallando una sentencia coherente: el edificio y su parcela podrían volver a manos municipales porque ya no se le da el uso para el que fue cedido, y no habría impedimento para ello salvo que en el año 2005 alguien firmó un convenio comprometiendo un pago millonario para dar ese paso.
El convenio, según el juez, acababa con la posibilidad de repescar sin pagar la antigua prisión provincial. En paralelo, el consistorio luchaba otra batalla: la de tratar de conseguir que ese convenio del 2005 fuera declarado nulo. Si así fuera, la lógica judicial se volvería de su parte: si el único impedimento para recuperarla es el convenio y el convenio se anula...
Esa puerta la abrió el último informe del Consello Consultivo declarando que el texto puede ser anulado mediante una revisión de oficio. Eso sí, el consello tiene un problema que se explicita en su propio nombre: que es consultivo, esto es, no vinculante.
Así, no es descartable que la pugna siga en vía judicial si Prisiones no se aviene a razones, y que la cárcel celebre su cien aniversario todavía cerrada y medio en ruinas.