El papel de los partidos políticos, que consagra la Constitución, está muy bien en la teoría aunque no tanto en la práctica. Y no porque el sistema sea malo (como preconizan los que quieren derribarlo sin explicar el alternativo) sino porque las personas que los representan trasladan la imagen de que todos son iguales. Esta semana se vio en Ourense un ejemplo de lo idénticos que son PP y PSOE. La justicia imputó a Baltar (el de antes) por la contratación a dedo de 104 enchufados y el PP redujo la supuesta prevaricación a un «defecto de forma» Días después la justicia anuló 41 puestos de trabajo cubiertos a dedo en el Concello de Ourense y el PSOE lo redujo a un «error de forma» (Carmen Dacosta, dixit). El alcalde de Ourense, apostilló: «A sentenza é por motivos formais. Ninguén vai saír prexudicado». Lo que le faltó decir al regidor socialista es que ese «ninguén» es su hija y sus amigos a los que colocó a dedo y que seguirán cobrando con cargo al dinero de los auténticos perjudicados, los contribuyentes ourensanos. Estos tienen la obligación de pagar pero el alcalde ahora, como antes Baltar, elige a los que cobran pasando de los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo público. Es el mismo alcalde que tiene al servicio de bomberos con tan solo 54 profesionales para 107.542 vecinos por no cubrir en tiempo y forma (quería nombrar interinos, sin oposición, para así colocar a más de los suyos) las bajas acaecidas en una plantilla que en el inicio de la democracia tenía 70 bomberos. O el mismo que precintó 80 contenedores porque el Concello incumplió los últimos tres años (¡por falta de personal!) su obligación de limpiarlos por lo que se deterioraron echando al traste una inversión de 1,6 millones de euros. El regidor no tiene tiempo para estas minucias. Él y su partido, al igual que Baltar y el suyo, están más para corregir los «defectos de forma» que la Justicia detecta en las decisiones tomadas para favorecer a los suyos que para ocuparse de la realidad de los administrados que les pagan sus salarios.
El dato. La Diputación de Ourense devolverá al Estado 10,1 millones de euros tras detectar la Unión Europea graves irregularidades en la gestión de los fondos aportados para la instalación de depuradoras en los núcleos rurales. El PP inventa una ingeniería financiera para hacer ver que de los 10,1 millones apenas habrá que aportar 3,8 pues el resto se compensará con una deuda de 6,3 que el Estado mantenía con la Diputación. Los de a pie observamos, en cambio, que en lugar de disfrutar de los 16,4 millones de euros (los 10,1 que dio la UE y los 6,3 del Estado) tenemos que sacar de la hucha común 3,8 millones para pagar una penalización por gestión fraudulenta. ¿Y los responsables? ¿Y los prestidigitadores que esfumaron tal cantidad de dinero? ¿Se irán de rositas?
La frase. «CD Ourense está muerto, así que dejemos que el muerto descanse en paz», ha dicho Ángel Pascual, administrador de la liquidación del equipo de fútbol de la ciudad. Atrás quedan los engaños y mentiras que mantuvieron artificialmente a la entidad. Ahora queda aprender de los errores para que no se repitan en los proyectos que, con el nombre de Ourense por bandera, ya florecen a pares.