CC.OO., UGT, CIG y CSIF, los cuatro sindicatos representados en la junta de personal del Concello de Pontevedra, mostraron ayer absoluta unidad a la hora de valorar una sentencia que consideran «injusta» y fruto de una guerra política emprendida por el Gobierno central contra una decisión de un gobierno municipal «que no es de su mismo color». El presidente de la junta de personal, Antonio Millares (CC.OO.), recordó que el caso de Pontevedra es único en todo el Estado español, ya que es el único en el que se ha recurrido la fórmula ideada para compensar la pérdida de la paga extra.
Tanto el presidente de la junta de personal como Juan José Graña, de UGT, apelaron a la «sensatez» de los políticos para evitar que salgan perjudicados unos trabajadores públicos «que soportamos un 19 % de reducción salarial desde el año 2010». Una vez más, apuntó Millares, estamos ante una disputa política en la que se produce «una sentencia injusta en la que la cuerda rompe por el lado más débil».
El sindicalista aludió a las dificultades que supone la ejecución de la sentencia con la devolución de ese dinero porque «cada uno ha aplicado su retención y ha pagado sus impuestos», además de que hay trabajadores que se han jubilado y, sobre todo, está el hecho de que no toda la plantilla está afectada por el recurso, por lo que su aplicación sería «claramente injusta». A este respecto, hay que recordar que son 307 los trabajadores municipales afectados por la sentencia, ya que los otros 189 que cobraron -policías locales, bomberos y trabajadores del Pazo da Cultura y del Instituto Municipal de Deportes- no entraron, por un error del Abogado del Estado, en el recurso presentado contra el Concello. Millares subrayó, no obstante, que «estamos todos unidos y reina la preocupación» ante la posibilidad de que haya que devolver lo cobrado.
Los sindicatos, que ayer mantuvieron una reunión con el concejal de Personal, García Legísima, para analizar la sentencia y los pasos a dar, se mostraron «dispuestos a hablar y a negociar con quien haga falta». Graña afirmó estar convencido de que no pagarán, ya que aguardan que la Subdelegación del Gobierno no reclame la ejecución.
Mensaje a Moreira
Los sindicatos denunciaron la actuación del portavoz del PP, Jacobo Moreira, a quien acusan de haber trasladado el expediente a la Subdelegación del Gobierno para iniciar el proceso judicial. Por eso apelaron también a que ahora rectifique su actitud: «Que haya que pagar o no será una decisión política, y ahí Moreira va a tener que pronunciarse», apuntó Juan José Graña.