El efecto tasazo sí es claramente perceptible en el ámbito contencioso-administrativo, en donde el ciudadano se enfrenta a decisiones del poder. Por ejemplo, han desaparecido la mitad de los 97 litigios que había hace dos años para recurrir contra las multas de tráfico y otras sanciones. También cayeron a la mitad los intentos de los propietarios de inmuebles para oponerse a la reposición de la legalidad urbanística que les exigía la Xunta o el Concello. De 31 pleitos hace dos años, pasaron a 17 en lo que va de este ejercicio. Y los recursos contra el pago de impuestos han caído de 18 a 11 en el mismo período y los de responsabilidad patrimonial se desplomaron de 70 a 41. Pero, a cambio, se han disparado los recursos contra la Xunta por denegar la justicia gratuita, que crecieron de 3 a 13. El resultado es que entre enero y junio del 2012 el contencioso tramitó 397 litigios y ahora, 348. Las tasas solo redujeron 50 pleitos, poco más del 11 %.
Estas tarifas tuvieron su mayor incidencia en la sexta sección de la Audiencia, que resuelve recursos de apelación de civil. Cada litigante que esté descontento con su sentencia deberá pagar 800 euros, una cuantía bastante disuasoria que ha ahuyentado al 30 % de los recurrentes. Entre enero y junio del presente año, hay 200 pleitos menos que en las mismas fechas del 2012. El efecto tasazo ha hecho el trabajo de uno o dos magistrados extras.
En los juzgados de lo civil, el tasazo también ha hundido un 10 % los pleitos para que una aseguradora se haga cargo de las indemnizaciones de un accidente de coche. De 648 litigios entre enero y junio del 2012 se pasó a solo 456 en la actualidad. Un bajón del 30 %. «El perjudicado hace cuentas, piensa en que a lo mejor tiene que pagar 300 euros de tasas, más abogado, y no le compensa reclamar», comenta un abogado especializado en tráfico. Los litigios civiles gravados con 300 euros, como los ordinarios, para reclamaciones de 6.000 euros, han sufrido las peores caídas. En el 2012 hubo 390 pleitos y ahora solo 316. Lo mismo ocurrió con los juicios para echar a los inquilinos morosos o a ocupantes en precario, con descensos del 16 %.