La sentencia es inapelable y tiene una lectura: responsabilidades políticas. Sondaxe pone cifras a un sentimiento que está en la calle y no es otro que el hastío de los ciudadanos por las prácticas irregulares, corruptelas y corrupciones ante las que no cabe otra respuesta que la dimisión. Lo dice el 83 % de los consultados sobre la insostenible situación del Concello de Santiago, con once concejales imputados, diez de ellos del gobierno. El pazo de Raxoi no es la cueva de Alí Babá, pero en ningún otro concello la suma de corrupción e incompetencia es tan devastadora. El veredicto es aplicable a los dos grandes partidos y, dentro del PP, a los dos bandos en los que se rompió el grupo municipal tras la dimisión de Conde Roa por fraude fiscal, sea el de la exedila Paula Prado, ahora noqueada, o el de Ángel Currás, alcalde doblemente imputado. Los ciudadanos exigen una sana reacción democrática que no es sinónimo de culpabilidad penal. Aferrarse a la poltrona hasta que los echen a patadas es demoledor para las instituciones democráticas.