El Concello de Pontevedra acudirá por primera vez en la historia al Tribunal Constitucional en busca de amparo. La decisión del gobierno local -que está avalada, faltaría más, por los servicios jurídicos municipales-, no contribuirá desde luego a mejorar una relación con la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) que ya es hoy por hoy suficientemente compleja y que se extenderá hasta el año 2024. Esa es la fecha que marca el contrato que vincula a ambas entidades y que el Concello, según confirmó ayer su portavoz, González Carballo, va a cumplir. «Non nos queda outra», señaló el nacionalista.
Pontevedra fue el primer Concello que se adhirió a Sogama. Lo hizo el 2 de junio de 1997 el entonces alcalde Juan Luis Pedrosa (PP) por medio de un contrato «indefinido». En marzo de 1999 Pedrosa firmó una adenda en la que ya se estableció una vigencia de 25 años. Se trata de la misma adenda que anulaba la cláusula energética.
Sogama reclama ahora al Concello una deuda que según las fuentes que la citen puede oscilar entre los 2,5 y los cuatro millones de euros. En cualquier caso, es muy cuantiosa. De ahí esa «defensa a ultranza» que ejerce el Concello, que ahora le lleva por primera vez en su historia ante el Tribunal Constitucional.