Treinta o setenta y cinco años. Este parece ser el último escollo que se debe sortear para erradicar de una vez por todas la incertidumbre que rodea al futuro de la Brilat en Pontevedra. Y por una vez en muchos meses, la pelota ha dejado de estar en el tejado de los comuneros de Salcedo para pasar directamente al de los políticos autonómicos, toda vez que se trata de una decisión que únicamente compete a la Administración autonómica.
Lo cierto es que, a la vista de cómo se han venido desarrollando los movimientos a nivel político mientras existieron las negociaciones bilaterales entre Defensa y Salcedo, superar este, por así decirlo, obstáculo no debería ser muy complicado. A fin de cuentas, la Xunta de Galicia siempre ha defendido la permanencia de la brigada en suelo pontevedrés, por lo que no cabría pensar que ahora fuese a poner trabas a un acuerdo que fuentes militares, a la espera de lo que decida la asamblea de la comunidad de montes, ya dan por «prácticamente cerrado».
Tanto Defensa como la Xunta están condenadas a entenderse para no dar al traste con uno de los principales motores económicos de la comarca pontevedresa. No hay que olvidar que se estiman en unos 40 millones de euros la repercusión anual que genera la Brilat.