Los posibles afectados tendrán dos meses para presentar alegaciones
29 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Concello de Pontevedra ya tiene una normativa para regular la instalación de crematorios en el municipio. El pleno aprobó ayer inicialmente la modificación puntual del PGOU que da amparo a la normativa, que ahora será expuesta al público por un período de dos meses, de modo que los posibles afectados puedan presentar alegaciones. Una vez resueltas estas, el documento tendrá que ser aprobado definitivamente por la Xunta. Mientras tanto, quedan suspendidas las licencias afectadas por la normativa.
Como se había adelantado en los días previos al pleno, el PP rompió el consenso alcanzado hace un año. Lo hizo, advirtió su portavoz, Jacobo Moreira, porque si entonces votaron a favor de iniciar el proceso de modificación del Plan fue «por estar al lado de los vecinos», no porque estuvieran convencidos del proceder del gobierno local. Y ahora el grupo de la oposición no comparte el cambio normativo «porque ni vecinos ni empresas están satisfechos».
Desde las filas del gobierno local, tanto Antón Louro (PSOE) como César Mosquera (BNG) reprocharon al PP falta de seriedad, incoherencia y oportunismo. Louro subrayó que la propuesta «respeta o interese xeral do Concello, dos veciños afectados e das empresas ao fixarse unhas regras de xogo imparciais e respectuosas coa lexislación vixente», si bien admitió, en referencia a las críticas surgidas desde el barrio de A Parda y a las que se suma el PP, que «é imposible satisfacer a todo o mundo».
También recordó Louro a Moreira que la oposición votó a favor en el 2009 al Plan Especial para el tanatorio de Funespaña, y que hace un año fue el PP el que propuso suspender licencias y que los servicios técnicos municipales establecieran la regulación pertinente. «Foi o que fixemos, e agora vostedes desmárcanse», reprochó Louro a los concejales de la oposición.
Ricardo Aguilar (PP) acusó al gobierno local de engañar a los vecinos al prometerles hace un año que habría una franja de seguridad de 500 metros, que en la normativa aprobada ayer se reduce a 50.
Vecinos y funerarias
Al pleno asistieron tanto vecinos de la zona de A Parda, que se oponen al proyecto de Funespaña y que secundaron con aplausos algunas de las intervenciones del PP, como representantes de las empresas funerarias cuyos proyectos quedan paralizados con la nueva normativa: Pompas Fúnebres Pontevedra, Alianza y Barros, Servicios Funerarios San Marcos y Albia Gestión de Servicios.