Declarantes en la pesquisa municipal apuntan a la compra de las fincas
12 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El expediente iniciado en el Ayuntamiento para determinar la «posible falsedad» de certificados y otros documentos relacionados con la urbanización de Someso concluyó que 50 expedientes presentaban al menos «irregularidades». Pero en sus conclusiones, el informe evita efectuar esa declaración de falsedad para no interferir con las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3.
El informe recibió 74 alegaciones que fueron rechazadas en su totalidad, según figura en la resolución firmada por el secretario municipal. Las alegaciones fueron presentadas por Jesús Arsenio García Díez, exdirector del servicio municipal de Urbanismo; Berta Rosón López, adjunta al jefe de servicio de gestión del suelo y patrimonio; Arturo Abad Pardo, otro de los responsables de gestión del suelo y patrimonio; José Luis Méndez Romeu, exconcejal de Urbanismo; y los abogados Augusto Pérez-Cepeda y José Manuel Liaño en representación de varios propietarios que exigieron la reversión de sus fincas.
Todos rechazan que los documentos sean «falsos», aunque sí admiten que se pudieron producir errores. Sirve como ejemplo de esa tesis la alegación de Abad Pardo al respecto: «Alguna certificación puede estar incompleta por falta de la firma del secretario y que pueden existir fechas erróneas o defectos o errores, pero no falsedad de ningún tipo». En la mayoría de los casos recuerdan que los documentos investigados reproducen los expedientes de 1989, cuando se inició la tramitación de Someso. «Existió una singular y peculiar forma y contenido de los documentos elaborados en 1989 y 1990 que el secretario y el interventor validaron sin reparos», dice otra alegación.
Es más, algunas alegaciones incluso apuntan a una posible «modificación de las fichas del inventario», como señala en su escrito el exconcejal Méndez Romeu, que pidió al gobierno local que abra una investigación sobre ese extremo.