Por fin, dos años después de la denuncia del afectado, el 25 de mayo de 2009, el alcalde Díaz Valiño, hizo un decreto de inicio del expediente. Ese paso, según el acusador público, tenía como finalidad evitar que los servicios de urbanismo de la Xunta iniciaran un expediente sancionador contra los acusados. De hecho, en las múltiples conversaciones interceptadas, tratan por todos los medios de que la Xunta no actúe de oficio, para no verse especialmente salpicados.
Pero aún después de haber tardado dos años en abrir el expediente, resulta que trataron de tramitarlo lo más lentamente posible -eso es lo que estima el fiscal, basándose en la documentación al respecto aportada en la causa- en perjuicio del solicitante. La situación derivó en que supuestamente dejaron pasar el tiempo sin dictar resolución alguna hasta que el 30 de mayo de 2011 decretaron la caducidad del controvertido expediente.