El inmueble tenía una planta de más y para legalizarlo querían cambiar el plan urbanístico
15 ago 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Uno de los pilares en los que se basó la operación Rei fue un inmueble de viviendas situado en la avenida Terra Chá de Castro Ribeiras de Lea, conocido como Marbella. Supuestamente fue levantado sin adaptarse a la legalidad. Hicieron una altura de más y, luego, para tratar de solventar la situación plantearon modificar el plan general urbanístico de la localidad. Un vecino que adquirió un piso en el inmueble, al comprobar los problemas que tenía para que le dieran la cédula de habitabilidad, y que ahora ejerce la acusación particular contra el exalcalde Juan José Díaz Valiño, soportó durante dos años un auténtico calvario debido a que todas sus reclamaciones eran sistemáticamente desatendidas. Desde el Concello tardaron dos años en actuar. Según los investigadores, pretendían ganar tiempo para cambiar el plan urbanístico.
El fiscal apunta que el 25 de enero de 2007, la empresa que se encargó de construir el edificio de viviendas solicitó licencia de ocupación aportando un certificado final emitido por un arquitecto que fue imputado por un presunto delito de falsead en otras diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo.
Resulta que la construcción, según estiman los investigadores y el fiscal, fue realizada sin cumplir con lo establecido en la licencia municipal que fue concedida en el mes de abril de 2005. Excedía la altura autorizada. Hicieron un a planta más de las autorizadas y nadie puso impedimentos. Recuerda el fiscal que el entonces alcalde y la secretaria municipal eran conocedores de la situación.
En abril de 2007, un vecino que había adquirido un piso en el edificio y que no podía habitarlo porque la licencia de primera ocupación no llegaba interpuso una denuncia ante el servicio de inspección urbanística de la Xunta. Explicaba en la misma que el polémico edificio no se ajustaba a la licencia concedida, ni al certificado de finalización de obra que se había expedido. El afectado pedía que se actuara.
En numerosas ocasiones, el perjudicado acudió al consistorio de Castro para denunciar la situación. No le hicieron caso. El 21 de junio de 2007 solicitó por escrito que se repusiera la legalidad urbanística.
Al Servicio de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial no le pasó desapercibida la denuncia. Aunque tardó medio año, en octubre de 2007, acabó solicitando información al Concello de Castro. Nadie la aportó, según constataron los investigadores.
De nuevo, tras una espera de cinco meses, el departamento de urbanismo de la Xunta volvió a requerir al Concello para para que informase sobre el particular. Fue a principios de marzo de 2008.
Mientras tanto, el denunciante seguía sin saber absolutamente nada sobre la denuncia que presentó y si alguien había actuado.
Explica el fiscal que Juan José Díaz Valiño y la secretaria, sabían que tenían obligación de abrir el oportuno expediente para dar respuesta a la solicitud de licencia y a las reclamaciones del interesado. Sin embargo lo que hicieron fue retrasar maliciosamente, esa es la palabra utilizada por el acusador público, el expediente.
Por fin, dos años después de la denuncia del afectado, el 25 de mayo de 2009, el alcalde Díaz Valiño, hizo un decreto de inicio del expediente. Ese paso, según el acusador público, tenía como finalidad evitar que los servicios de urbanismo de la Xunta iniciaran un expediente sancionador contra los acusados. De hecho, en las múltiples conversaciones interceptadas, tratan por todos los medios de que la Xunta no actúe de oficio, para no verse especialmente salpicados.
Pero aún después de haber tardado dos años en abrir el expediente, resulta que trataron de tramitarlo lo más lentamente posible -eso es lo que estima el fiscal, basándose en la documentación al respecto aportada en la causa- en perjuicio del solicitante. La situación derivó en que supuestamente dejaron pasar el tiempo sin dictar resolución alguna hasta que el 30 de mayo de 2011 decretaron la caducidad del controvertido expediente.
El Concello desatendió las peticiones del servicio de Urbanismo
Tramitaron lentamente un expediente para conseguir que caducara