Desde que en el 2006 comenzó la tramitación del último tramo de la autovía a Lugo (A-56), la infraestructura ha estado rodeada de polémica. El fuerte rechazo vecinal de un grupo de afectados en Cudeiro, donde está previsto que la vía de alta velocidad derribe a una veintena de viviendas, provocó una campaña de adhesiones institucionales y empresariales. De hecho, el Concello de Ourense dio su respaldo en pleno a los vecinos, aunque con una dosis de polémica entre PSOE y BNG cuando formaban gobierno en la ciudad ante los intereses socialistas por defender la gestión del por aquel entonces ministro José Blanco. El trazado que provoca la contestación vecinal fue cifrado por Fomento en 95 millones de euros para un recorrido de unos ocho kilómetros. Ahora habrá que ver cómo afectan las nuevas modificaciones al presupuesto.