El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la conocida y controvertida reforma local con la que el Gobierno prevé ahorrar más de 8.000 millones de euros en los próximos años. Y lo hizo a pesar del rechazo expresado por todos los grupos de la oposición.
En el texto se han incorporado algunas recomendaciones del Consejo de Estado. Entre ellas, la que también defendía la Xunta de que el precio de los servicios se tiene que fijar en función del coste efectivo, y no de un coste estándar. Tanto el Gobierno de Núñez Feijoo como la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) demandaban en sus alegaciones al texto que se tuvieran en cuenta dos características propias de la comunidad autónoma, como son la dispersión de los núcleos y el envejecimiento de la población.
Esta cuestión fue a la que aludieron dos de los alcaldes del PP consultados ayer por este periódico, si bien no quisieron entrar en detalles sobre aspectos concretos del anteproyecto. La regidora de Moraña, Luisa Piñeiro, comentó que todavía es pronto para valorar el texto, pero destacó las modificaciones introducidas. Por su parte, el de Cuntis, Antonio Pena, señaló: «No estoy contento del todo, pero sí algo porque se nos ha tenido un poco en cuenta». Fue imposible recabar ayer la opinión del alcalde de Ponte Caldelas y miembro de la ejecutiva de la Fegamp, Perfecto Rodríguez.