A la difícil situación económica que padecen buena parte de los municipios de la provincia, aquellos que miran con cierta suspicacia la constitución de los Grupos de Emergencias Supramunicipales suman la existencia de un Consorcio Provincial de Bomberos, que financia la Diputación, a los argumentos para su rechazo. «La propia existencia del consorcio -sostienen desde el grupo formado por A Lama, Ponte Caldelas, Soutomaior, Fornelos y Cotobade- tendrá que cubrir en el futuro estas necesidades en materia de emergencias». De hecho, estos cinco municipios plantean que los GES se integren en dicho Consorcio. «Es un claro ejemplo del servicio que deben prestar las diputaciones», insisten.
Y es que, además, el citado ente provincial también supone un coste para los concellos que no están adheridos al mismo. Las emergencias que atienda el consorcio -que cuenta con bases en Bueu, Porriño, Ribadumia y Vilagarcía- en municipios que no estén incluidos en el mismo se gravan con el 50 % del coste real del servicio. Este se fija en función del personal empleado, los materiales necesarios, los vehículos desplazados, el tiempo invertido o el recorrido que deben cubrir coches, camiones o lanchas de salvamento o el uso de equipos de rescate en alturas o en el subsuelo.
El consorcio provincial fue privatizado por la Diputación, que pagará unos 21 millones de euros en ocho años. La beneficiaria es la firma Matinsa, que ingresará 220.000 euros mensuales por mantener las diversas bases.