El alcalde amplió los poderes de la concejala para gestionar los contratos
15 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«No tengo ninguna duda de que Rosa Gallego es una señora», reconocía no hace muchas semanas un concejal de la oposición. La frase dice mucho de la gestión de la segunda teniente de alcalde, responsable de Contratación, Concesiones, Interior, Intervención, Tesorería, Planificación, Asesoría Jurídica? la persona a la que el alcalde concedió en mayo poderes para firmar convenios de hasta medio millón de euros, cuando antes los de más de 300.000 debían ir a la junta de gobierno. Esa ampliación de sus atribuciones pasó sin alboroto, nada extraño en una concejala que gestionó con discreción muchos asuntos que marcaron los dos últimos años.
El último ha sido la denuncia del convenio de la cárcel, por la que el Ayuntamiento iba a pagar 1,12 millones pese a que la parcela es de su propiedad. Pero el más sonado ha sido la investigación del caso Relámpago, las presuntas irregularidades cometidas por los gobiernos anteriores en la gestión urbanística de Someso. Gallego es la última responsable de la asesoría jurídica, que recomendó enviar el informe sobre las irregularidades a la Fiscalía. El fiscal archivó, pero el caso sigue vivo en el Tribunal de Cuentas y en el Juzgado de Instrucción número 3.
El asunto ha sido un tormento para el PSOE y, réditos electorales aparte, el informe municipal servirá a generaciones futuras de compendio de prácticas administrativas, sino irregulares, al menos estrambóticas.
Hay que recordar que la actitud del gobierno respecto al caso ha tenido vaivenes y una semana después del más importante, la rectificación de un escrito previo enviado al Tribunal de Cuentas, Alfonso Magariños cesó de la dirección de la asesoría jurídica. El gobierno local insiste en que ambos hechos no están conectados y que la marcha fue por motivos personales.
Gallego también es responsable de Contratación, uno de los departamentos municipales que empeoró en transparencia en los últimos estudios. La concejala lo atribuye a cambios en los criterios de medición. Pero la descentralización de la gestión de los contratos menores de 50.000 euros (se tramitan directamente en las concejalías), aunque quizá mejore el control por los ediles, también lo complica entre el público general.
En Contratación también es destacable la salida a concurso público el millonario contrato de suministro eléctrico. Una decisión que podría ahorrar cientos de miles de euros al Ayuntamiento y que salió adelante pese a las presiones en contra que la concejala supo resistir.
La puesta en marcha de revisiones de las concesiones y el inventario municipales o de los cuadros eléctricos (entre los que se descubrieron 199 de 571 que no funcionaban) también deben ser bienvenidas y es de esperar que supongan más ahorro.
En Personal, además de la polémica de los «agentes de prevención» o «escoltas» para la oposición, sigue pendiente la reforma global de la relación de puestos de trabajo. La última modificación fue criticada por la junta de personal, pero lo más probable es que solo la CIG la recurra al Contencioso.
Balance municipal Hacienda y Administración pública