El cura Ángel Castro no dudó, como otras 25 personas, en pedir que lo incluyan como responsable por apoyar a un vecino al que la Xunta quería tirar la casa. Ya hay 46 imputados y los voluntarios crecen
11 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El lema «¡Todos a una!», como en Fuenteovejuna, está más de actualidad que nunca en el municipio lucense de Becerreá. Decenas de vecinos han pedido ser imputados como muestra de solidaridad con un paisano suyo, José Luis Díaz, de Lamas, al que la Xunta intentó derribar la vivienda por carecer de licencia. Entre ellos está el párroco, Ángel Castro, que, al igual que otras 25 personas, presentó un escrito en el juzgado autoinculpándose. Reconoce que apoyó a su vecino y que si eso «se considera punible, solicito se me cite a declarar en calidad de imputado».
La historia de esta oleada de solidaridad y unión vecinal comienza en enero, cuando José Luis recibe una notificación avisándole de que se ejecutaría una orden de derribo. El 15 de enero se presentaron ante la casa afectada unas 150 personas para evitarlo, entre ellos, los portavoces de los tres grupos políticos del Concello. Lo mismo ocurrió al día siguiente. Durante un mes, un grupo de vecinos hicieron guardia con José Luis, desde primera hora de la mañana hasta la noche, en pleno invierno, soportando hasta temporales de nieve. Entre ellos estuvo el cura. «O apoio -dice Castro- non foi cousa de tres ou catro revoltosos, algún día estivemos máis de cen [...] e nos días en que eu estiven non opuxemos resistencia nin houbo violencia [...] En Becerreá non estamos en contra das leis, non somos un pobo incivilizado, mostramos de forma pacífica o noso apoio a un veciño».
Además de su apoyo moral y su presencia junto a José Luis, tuvo otro papel; llegó incluso a prestar la iglesia para la causa, dejando que los vecinos tocasen las campanas si volvía a aparecer por la zona personal o maquinaria para tirar la casa. No fue necesario hacerlo. «Pedíronmo e díxenlles que si. ¿Como me vou negar? Acabamos de facer a rehabilitación da igrexa, coa colaboración do Bispado, da Deputación, da parroquia, miña..., pero tamén dos propios veciños de Becerreá. Esta é a casa de todos, sempre que non sexa para facer dano está á súa disposición».
El problema es que la casa afectada, que construyó hace doce años el padre de José Luis, se hizo en suelo rústico de especial protección agropecuaria. El Concello y la Xunta mantienen que con el PXOM se legalizaría, pero unos y otros se culpan del retraso en su aprobación.
Declaraciones en el juzgado
El plazo para ejecutar la orden pasó y, cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, el conflicto salpicó a guardias civiles de Becerreá, acusados supuestamente de no colaborar con el operativo de derribo, según denunció una asociación. Además, 22 vecinos, entre ellos, el alcalde, el socialista Manuel Martínez, recibieron sendas citaciones del juzgado para declarar como imputados por un delito «sen determinar». La respuesta del pueblo no se hizo esperar: 24 personas se autoinculparon y ya declararon, todos lo mismo: reconocen haber apoyado a José Luis y consideran «que el derribo de la casa sería una injusticia, al estar a punto de aprobarse el PXOM, lo cual legalizaría su situación».
Después hubo más, entre ellos, el cura, que ha levantado pasiones en Becerreá y en varios kilómetros a la redonda: «Pois eu autoincúlpome, non me arrepinto de apoiar a un veciño, estou disposto a aceptar as consecuencias. Pode que a casa sexa ilegal, pero paréceme un disparate tirala. ¿Que ganan con iso? Alí non molesta, e din que se pode legalizar. Coa nosa presenza queriamos forzar a cuestión para que aqueles en cuxas mans está a solución do problema o fagan sen tirar a vivenda».