Siempre me sorprendió la ligereza, o más bien, la frivolidad con la que, durante mucho tiempo, nos dedicamos a culpar a la inmigración de la mayoría de nuestros males: el deterioro de la escuela pública, el colapso de la sanidad o el abuso de los servicios sociales? La inmigración fue, durante muchos años, el tercer problema para los españoles en las encuestas del CIS. Ya en aquellos momentos era difícil entender cómo no le quitaban ese puesto temas como el acceso a la vivienda o la especulación urbanística, solo por nombrar alguno.
Tan sólo cuatro años después -cuatro años que parecen cuatro siglos- hay que bajar mucho, pero mucho, en esa lista de problemas para encontrarla. Los primeros puestos, curiosamente, aparecen ahora ocupados por instituciones que hace nada estaban entre las más valoradas.
Habremos entendido, por fin, que convertirnos en un país receptor de mano de obra, lejos de ser algo negativo, era, sobre todo, un indicativo de progreso económico y de que, por fin, habíamos abandonado los puestos de cola de este mundo globalizado, ya que sólo los países más desarrollados y económicamente fuertes resultan destinos atractivos para los inmigrantes.
¿Qué análisis tendremos que hacer ahora del hecho de que España, una vez más, tenga que ver salir a su población más joven y mejor preparada hacia países, donde, paradojas de la vida, considerarán, en breve, a los españoles como un peligro que amenaza su estatus? ¿Nos gustará saber que allí también los ven como uno de sus principales problemas, que les negarán la sanidad pública, por ejemplo, o que habrá quien considere que no merecen cobrar una prestación a la que tienen derecho, sólo por ser extranjeros? En definitiva, que en esos países tendrán una concepción tan negativa de nuestros jóvenes como la que teníamos aquí de los que venían de fuera. Y por otro lado, ¿a quiénes vamos a culpar de nuestra precaria situación ahora que los extranjeros se van?