La función de un fiscal consiste, básicamente, en «defender los derechos de los ciudadanos y el interés público». Y, aunque pueden hacerlo de dos formas distintas, a petición de los interesados o actuando de oficio, parece que últimamente solo echan mano de la primera. Podría parecer que lo más fácil para el Ministerio Público es actuar exclusivamente cuando hay una denuncia de por medio, no pillarse los dedos e irse de vacaciones. O podría parecer que la carga de trabajo en los juzgados es tan brutal que la persecución de delitos por iniciativa propia se ha vuelto una quimera.
Sea cual sea la razón, sorprende lo ausentes o especialmente lentos que están siendo los administradores de justicia en este país a la hora de abrir una investigación. Basta escuchar a todo un fiscal general del Estado como el señor Eduardo Torres-Dulce diciendo, a semejantes alturas, que «hay indicios» para investigar el caso Bárcenas «hasta el final». No solo los hay sino que rezuman, cabría replicarle, además de darle las gracias por cumplir con su obligación. Y también podríamos recordar los esfuerzos de los afectados por las preferentes bancarias para que alguien les hiciese caso sin tener que pagarse abogados para reclamar sus derechos.
Estos días, sin ir más lejos, La Voz ha desvelado los detalles de una presunta estafa que trae de cabeza a miles de ciudadanos de Vigo. A uno, en su ingenuidad, le da por pensar que hay materia más que suficiente para que la Fiscalía tome cartas en el asunto y averigüe dónde está el dinero (la cantidad puede sorprender cuando se descubra) que se habrían apropiado los dueños de la empresa gestora de comunidades de vecinos Bautista Administradores.
Quizá el error está en pensar que a un fiscal, por definición, no solo le ocupan los temas sino que también le preocupan.
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