Un país donde un ex toxicómano entra en la cárcel por haber pasado dos papelinas, estando rehabilitado y participando activamente para evitar que otros sufran su calvario, mientras los grandes capos llegan a acuerdos con la justicia y obtienen condenas irrisorias, no es un país justo.
Un Estado donde una ciudadana, con extrema necesidad, que se apropió de 192 euros para comprar pañales y comida a su hija, a pesar de haber sido perdonada por su víctima y al clamor popular estuviera a punto de entrar en prisión mientras los ladrones de guante blanco, corruptos y estafadores de millones se van de rositas gracias a sus triquiñuelas legales, sin duda, es un Estado fallido.
Un sistema donde entre todos los ciudadanos hemos de pagar los despilfarros y apropiaciones indebidas de su sector financiero que, sistemáticamente, pisa a sus clientes es un sistema perverso; más, si cabe, cuando a los pocos que han sido llevados ante la justicia y condenados se les indulta.
Un gobierno sustentado por un partido donde hay sospechas muy claras de financiación ilegal, cobro de comisiones -si alguien afloja la pasta es por algo- y sus dirigentes parece que ocultaron ingresos, es un gobierno deslegitimado.
Una sociedad que permite y sufre todo lo anterior sin mayores consecuencias es una sociedad decadente al borde del precipicio.
Pero que nadie se engañe, esa situación puede cambiar en horas. A medida que se extienda el desánimo y crezca la desesperación mayor será el riesgo de una respuesta espontánea de incalculable dimensión. Porque cada vez más ciudadanos se sienten indefensos ante el Estado y los poderes económicos. Con un sector público carcomido por la corrupción y una Justicia colapsada que no cierra un caso, el ciudadano se convence de la total impunidad que disfrutan los chorizos de fuste.
Pero permítanme dejar constancia de un par de ejemplares únicos en la fauna política cercana. En Vilagarcía un tal Benito Dorgambide, Cholo para aquellos que le ríen las gracias, ha soltado en un pleno que hablará gallego «cuando le salga de los puntos suspensivos». Sin venir a cuento y por puro ofender. Este personaje -concejal de Ivil y miembro del gobierno local- fue autor, en grado de tentativa, de aquella ordenanza que prohibía hablar en la acera a más de dos personas. También de insultos y ofensas entre otros a policías locales, funcionarios y algún colectivo. Lo penoso de tan contumaz personajillo no es su entrada en la política. Lo inadmisible es que nadie le haya enseñado la salida.
Al lado, en Vilanova, el inefable Gonzalo Durán, alcalde y justiciero, dice que los narcos van a cobrar el paro en Porsche y que para evitar que se beneficien de ayudas para personas con rentas bajas pedirá a la policía un informe «sobre el nivel de vida» de los aspirantes a ellas. Con tan subjetivo criterio y sus antecedentes ¡para echarse a temblar!
Me quedo más tranquila pues ha asegurado que la gente honrada lo va a entender y los que no «desde luego no son gentes de buen vivir» (sic). Con dos bemoles.