Pablo Cerviño y su hermano, Jose María, postrado en silla de ruedas, residen como inquilinos en el edificio de Areal, 120. Poco les queda. Como el resto de los residentes, se han mudado a casas de familiares. «Nos hemos llevado casi todos los muebles y aquí solo venimos de paso a mirar el buzón o cuando tenemos cita en el médico», explica. Este vecino del 3ºI está a la espera de que recibir la notificación de la ejecución de la sentencia provisional, que pidió el constructor que les demanda. El papel señalará la fecha en la que tendrán que desalojar un hogar en el que vivieron toda la vida. «Llevamos esperando desde antes del verano a saber el día en que nos van a echar. Éramos ocho familias afectadas y cada uno arregló como pudo. Menos mal que nos ampara la familia», dice. Entre los desalojados está el dueño de un quiosco situado en el bajo, y que aún sigue abierto.
Su abogado recuerda que han presentado un recurso en la Audiencia Provincial pero aunque esta sala les dé la razón, la sentencia llegará tan tarde que las viviendas serán inexistentes porque el constructor las habrá demolido o porque estarán abandonadas. Añade que la jueza de Primera Instancia que concedió la ejecución de sentencia provisional, a pesar del recurso, «se olvidó que la pérdida de la vivienda no se indemniza con dinero, o por lo menos, en la mayoría de los casos esa cantidad resulta insuficiente, por cuanto te obligan provisionalmente a dejar tu vivienda, y si luego te dan la razón no puedes recuperarla, ¿no es una sinrazón?».
El caso
Pablo y José María Cerviño
Viven de alquiler en un piso en Areal, número 120
Fueron acogidos por familiares y no saben la fecha de desalojo