Las reiterará periódicamente, hasta que derriben el exceso construido
29 ago 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Han pasado cinco años ya desde que se iniciasen los expedientes de reposición de la legalidad de cuatro edificios de Ribadeo sin que, por el momento, en ninguno de ellos se haya derribado el exceso construido. Pero el alcalde, Fernando Suárez, se mantiene firme: no dará las licencias de primera ocupación a las aproximadamente cien viviendas habitadas irregularmente en tanto los promotores no derriben el exceso construido o cambie la ley. Además, la vía para sancionar a los constructores sigue abierta y en marcha, ahora con multas coercitivas y que se repetirán periódicamente.
A principios de año el regidor anunciaba que había enviado a tres promotores un requerimiento reiterándoles la orden de demolición y advirtiéndoles de que de no hacerlo les impondría multas de hasta 10.000 euros. Como era previsible a tenor de los precedentes, la comunicación no fue atendida y, en consecuencia, el regidor les puso las primeras multas, de 10.000 euros a dos de ellos y al tercero de una cuantía menor, por ser también menor la irregularidad cometida. Como todo sigue igual recientemente les mandó la segunda multa, por la misma cantidad. Y así seguirá en tanto sea alcalde, según anunció ayer. En el caso de que los promotores no paguen, el dinero les será reclamado por la vía ejecutiva.
«Non é que sexa teimudo, é que a lei é a que é. Seguirei poñendo multas cada poucos meses ata que derriben o exceso construído. Non me queda outra, porque non quero que alguén me acuse de prevaricación por omisión», manifestó ayer el regidor.
Una solución podría pasar porque el Concello ejecutase las demoliciones de forma subsidiaria, reclamándoles después el coste de las obras a los promotores. Fue lo que hizo hace unos meses en la calle Irmáns Moreno Ulloa. Pero entonces el Concello actuó obligado por una sentencia y, al parecer, aún no ha cobrado el dinero. «Non considero preciso facer unha execución subsidiaria porque teño esta outra vía das multas coercitivas e porque as arcas municipais non están para estas cousas. Con todo isto o que quero deixar claro é que a responsabilidade é dos construtores. Os que viven nos pisos deben ter claro que se un día Begasa lles corta a luz a culpa non será miña, porque eu non podo legalizar uns edificios que non se axustan ás licenzas de obra», añadió Suárez.
Los tres edificios carecen de vivienda de primera ocupación, no obstante hay en torno a un centenar de pisos que están habitados. Muchos de los propietarios son víctimas de esta situación que ya hace años se intentó solucionar políticamente.
Por otro lado, ejecutar la demolición no es sencillo. En el caso de un edificio supondría eliminar una planta entera, en otro los trasteros que han sido habilitados como viviendas y en un tercero reducir la altura de la techumbre.