La mayoría de los concellos de la Costa da Morte tienen que aumentar sus aportaciones debido al incremento de la demanda y a los recortes
29 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.En la Costa da Morte hay más de 3.000 personas que reciben ayudas a través de los servicios sociales de sus ayuntamientos. La cifra se multiplica por cuatro, o incluso por cinco, si se contabiliza entre los usuarios a los que acuden simplemente para solicitar información u orientación. Y podría incrementarse todavía más si también se tienen en cuenta las escuelas infantiles, los centros de información a la mujer o los programas de tiempo libre para los mayores, que suelen ser gestionados por el mismo departamento.
La crisis ha provocado un aumento de la demanda de las prestaciones de emergencia social, de forma que los concellos pagan cada vez más recibos de agua y luz, pero, sobre todo, despachan más vales de alimentos, como reconocen los alcaldes de Carballo, Ponteceso o Dumbría. Sin embargo, las subvenciones van a menos, y la aplicación de la Ley de la Dependencia está prácticamente paralizada. «No 2011 non se deu nin unha soa alta», asegura la concejala de Benestar de Carballo, Silvana Castro. Además, a partir de ahora los concellos de menos de 20.000 habitantes -en la Costa da Morte son todos menos Carballo- ya no recibirán de la Xunta, sino de la Diputación, la financiación para el personal, lo que ha motivado las críticas del BNG por entender que obligará a los ayuntamientos a realizar un «esforzo adicional» para mantener los servicios.
Este año ya han tenido que hacerlo, de hecho. En A Laracha, por ejemplo, se ha incrementado en 500.000 euros la partida de ayuda en el hogar, que es el servicio con más demanda, tanto el financiado por la Xunta para los dependientes como el de libre concurrencia. «Practicamente a toda a xente que o pide estáselle dando», señala el alcalde, José Manuel López. Su homólogo laxense, Antón Carracedo, critica la tardanza de la Administración autonómica en resolver los expedientes, «e mentres ten que atendelos o Concello». El objetivo, y todos los regidores coinciden en ello, es que ningún vecino se quede desamparado.