La economía irregular es «difícil de detectar», según algunos inspectores
05 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Triste, pero cierto. Para un inspector es más fácil comprobar que una mujer de 55 años que vive en una aldea lucense cotiza por el régimen de la agraria a la Seguridad Social aunque solo cría una docena de gallinas y dos cerdos para vender huevos y algo de carne, que certificar que los empleados de un comercio se ven obligados a trabajar nueve horas al día, en lugar de las cuatro que firmaron en su contrato, porque el empresario prefiere cotizar menos por ellos y pagarles «en negro» parte del salario. Lo reconocen fuentes de la Inspección de Trabajo, que aseguran que la «economía sumergida en la provincia de Lugo no alcanza los niveles» de otras zonas del país.
«Puede haber algunos casos de economía irregular, pero no muchos», afirma el jefe de la Inspección lucense, Nicolás González. En esa línea, destaca que el sector industrial tiene poca presencia, a diferencia de lo que ocurre en otras partes de España. «En la zona de Levante, por ejemplo, los inspectores pueden encontrar un taller textil con 30 personas sin asegurar. Eso aquí no pasa», indica. Con este panorama, en la actualidad, el sector servicios en general, y el de la hostelería en particular, se llevan la palma en número de inspecciones por sus características y por su volumen de empleo. También los autónomos y asalariados del sector primario.
«En Lugo lo que sí detectamos es gente que está dada de alta en la Seguridad Social de forma indebida», comenta. Y añade: «Son personas que simulan tener una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia para tener derecho a prestaciones », agrega.
Con la legislación actual, muchos lucenses de mediana edad que viven en el rural y atienden una explotación agrícola que produce poco más que para el autoconsumo tienen todas las de perder. La Seguridad Social «no los quiere» cotizando, aunque paguen al día las cuotas. Pero la sociedad tampoco les ofrece alternativas.
-¿Qué hace la Inspección de Trabajo cuando detecta un caso de esa naturaleza?
-González: Si los infractores están de alta se les da de baja en la Seguridad y se les retira la prestación que están recibiendo.
La competencia sobre la devolución de prestaciones corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Muy pocas denuncias
Cada año, la Inspección de Trabajo tiene que llevar a cabo un número determinado de inspecciones por sectores e intersectoriales. Además realiza investigaciones «rogadas» por la Xunta o la Seguridad Social, entre otros. También actúa a raíz de denuncias, pero en este caso el porcentaje es mínimo. Las multas más habituales son: 3.126 euros por trabajador sin dar de alta, y 10.001 euro si el trabajador cobra el paro o una incapacidad.