Deberá dirigirse en dicha lengua a los ciudadanos que lo soliciten
18 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El apartado de derechos lingüísticos de la memoria anual del Defensor del Pueblo, presentada recientemente, dedica una especial atención al Concello de Lugo. La institución de María Luisa Cava de Llano y Carrió ha efectuado una recomendación a la institución municipal para que traduzca al castellano los documentos dirigidos a personas que así lo soliciten. Esta advertencia está motivada por la queja presentada por un ciudadano que pidió que se dirigieran a él en dicha lengua, teniendo en cuenta que también es oficial y la respuesta fue que lo harían «siempre dentro de los medios disponibles en este ayuntamiento».
«De los derechos lingüísticos, el que con más frecuencia parece resultar ignorado por distintas instancias administrativas es el que atribuye a los interesados la facultad de elegir la lengua, en la que desean relacionarse con la administración pública correspondiente en el ámbito de los procedimientos administrativos», dice el informe del Defensor quien que es relativamente frecuente que los administrados se dirijan a las entidades municipales interesando que se les remitan en castellano las notificaciones y comunicaciones a que dé lugar su condición de vecinos de la respectiva localidad.
Aprecia la institución que es habitual que los ayuntamientos, especialmente los gallegos, no den respuesta a las solicitudes formuladas en el sentido indicado, «así como que continúen remitiendo sus comunicaciones a los solicitantes en la lengua cooficial propia de la respectiva comunidad».
Falta de medios
La memoria explica que la respuesta de los concellos tiene un carácter desigual. «Algún ayuntamiento, aún reconociendo también las obligaciones que le incumben de atender en sus comunicaciones las opciones lingüísticas de los interesados (...) puntualizan, sin embargo, que tal actuación se producirá siempre dentro de los medios disponibles en este ayuntamiento y alegan, asimismo, ciertas dificultades técnicas que, en todo caso, supondrían un obstáculo para garantizar que las comunicaciones a los vecinos que lo soliciten se produzcan en lengua castellana», explica el informe.
«Ante un supuesto en que el Ayuntamiento de Lugo dio una respuesta como la expresada, esta institución ha manifestado a la corporación local informante que la disponibilidad de medios presupuestarios, o el diseño de los sistemas técnicos de gestión y sus posibles limitaciones para expedir documentos en idiomas distintos del gallego, no constituyen una razón jurídicamente relevante que excuse a la corporación de atender el derecho de los ciudadanos a recibir aquellos en lengua castellana en los supuestos en que así lo soliciten», apunta el informe.
Adoptar medidas
«En consecuencia -añade el resumen anual -se ha recomendado al ayuntamiento correspondiente (se refiere al de Lugo) que adopte las medidas precisas para proceder a un nuevo diseño de los medios técnicos o de cualquier otra índole de que dispone, que permita atender, en todo caso, los derechos lingüísticos de los interesados en el ámbito de los procedimientos administrativos y muy especialmente la facultad de opción lingüística».