La Justicia obliga al alcalde, que acumula 3.000 euros en multas, a encargar los proyectos o incurriría en desacato
21 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Desde hace un año acumula doce órdenes de derribo, desde hace casi medio se le detrae parte de su sueldo por no ejecutarlas y ahora tiene sobre la mesa la decena de proyectos de demolición obligados por la justicia.
La situación del alcalde guardés, José Manuel Domínguez Freitas, es delicada. Hasta ahora las consecuencias de su decisión de asumir multas coercitivas era algo personal y ajeno tanto a la vida municipal como a las arcas municipales. Su familia vive desde enero con 700 euros menos por elección personal ya que el alcalde ha decidido voluntariamente asumir este coste a cambio de dilatar tiempos para buscar cualquier alternativa a las demoliciones.
Pero si el gobierno local no cumpliera con los pasos tendentes a la ejecución de las sentencias, habría posibilidad de que se le acusara de desacato y entonces la pena sí tendría consecuencias directas ya que se enfrentaría a una posible inhabilitación, sanción económica o incluso pena de cárcel.
Él declinó ayer valorar esta posibilidad. José Manuel Domínguez Freitas se limitó a insistir en que «como mantiven dende o comezo, tentarei agotar tódolos prazos e alternativas legais para dilatar os mandatos xudiciais, pero tampouco podo nin penso na posibilidade de que se acuse de desacato ao rexedor».
La decisión de enfrentarse a las multas coercitivas «é, como tal, libre e persoal polo que pido que non se utilice políticamente. As únicas vítimas son os veciños das vivendas afectadas». «Nunca fixen público, pero tampouco puiden ocultalo porque o meu cargo e soldo é público, esta situación, pero considero que se limita ao meu ámbito familiar».
Freitas sí confirmó que el Concello dispone ya de los proyectos de demolición, aunque sin avanzar tiempos en las posibles aprobaciones y ejecuciones de cada uno de ellos. Además no son 12 las propiedades a derribar porque en algunas no se llegó a edificar.
Esta semana ha entrado en el Concello la copia del PXOM para su aprobación inicial en pleno. El documento, redactado por Consultora Galega, se ha modificado tras las anotaciones al mismo de la Xunta, responsable final de su visado e irá a pleno en dos meses. Freitas asegura que «os afectados son puntualmente informados, algúns dos seus abogados entenden que hai casos nos que a aprobación do PXOM abre a vía a un posible arranxo». «Para nós e prioritaria polo ben xeral», concluyó.