El ministerio público es, no obstante, pesimista con lograr este objetivo
10 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha asumido la preocupación de la Fiscalía de Menores de Pontevedra con respecto al «incremento de menores con trastorno de comportamiento». Algo que se ha percibido a todos los niveles, tanto en el ámbito familiar como en el educativo o en los servicios sociales.
Ante esta realidad, desde el ministerio público se reclama un protocolo integral, de tal modo que se «implique a autoridades educativas, sanitarias, a los servicios de protección de menores y a la Fiscalía». El objetivo es lograr, de este modo, «un rápido diagnóstico de las patologías y, por otro, una clara derivación a los recursos existentes o que puedan crearse» en un futuro.
En cualquier caso, lo cierto es que los responsables del ministerio público son bastante pesimistas con respecto a esta iniciativa. Y razones no les faltan, toda vez que reconocen que ya se ha intentado llevar a cabo desde la propia Fiscalía, «pero sin frutos».
A este respecto, reiteran que es perentorio detectar tales problemáticas a una edad temprana, por lo que deberían implicarse «todas las consellerías afectadas, esto es, Educación, Salud Mental y Menores». Sin embargo, el ministerio fiscal pontevedrés ha constatado que «normalmente se pelotean al menor de unos a otros servicios, sin que ninguna de ellas actúe ineficazmente, en la mayoría de los casos, ante lo que ellos llaman ??carencia de recursos adecuados??».
A la postre, toda esta situación parece estar derivando, no solo en «dificultades para la detección temprana de estos trastornos desde los servicios sanitarios», sino también en «retrasos en la derivación de los casos hacia servicios especializados en salud mental».
Otra deficiencia que han detectado los fiscales pontevedreses es en lo relativo a las medidas para cumplir penas de tareas socioeducativas. Así, aludieron a que la Administración elaboró una serie de programas modelo, «no siendo, por tanto, programas individualizados, sino que ??sirven para todo??. Lo mismo para un abuso sexual que para un hurto».
La respuesta del ministerio público fue contundente y contó con el apoyo del Juzgado de Menores: «Hemos rechazado la aprobación de los programas de estas características».
Lo cierto es que, a nivel estadístico, en el 2011, se incrementaron en Pontevedra los expedientes por delitos de malos tratos en el ámbito familiar, que pasaron de 90 en el 2010 a 158 el pasado año. El perfil de estos adolescentes se corresponde con el de un menor disocial, que reiteradamente incumple las normas, que no acatan ni respetan a la autoridad, son absentistas escolares, plantean problemas en las aulas, donde protagonizan «continuos enfrentamientos con compañeros y profesores». Y, «en muchas ocasiones», consumen sustancias estupefacientes.
Además, ya en el ámbito familiar, suelen mostrar rasgos de los que los psicólogos denominan como síndrome del emperador. Esto es, ejercen una especie de tiranía en la que no respetan las normas llegando a ejercer violencia psíquica, pero también física, contra sus padres y tutores. Así, no son raros los episodios que terminan con toda clase de objetos rotos si los progenitores no acceden a sus caprichos y deseos, o los que conllevan insultos e, incluso, amenazas a los miembros del núcleo familiar.
No solo han aumentado en Pontevedra los casos de malos tratos protagonizados por menores, sino que también lo han hecho los asuntos vinculados con la violencia de género -11 expedientes en el 2011 frente a 3 de un año antes- o los delitos de naturaleza sexual, que pasaron de 11 en el 2010 a 38 un año después. Con respecto a estos últimos, el ministerio público reconoce que no encuentran una explicación a dicho incremento.
245
Lesiones
El pasado año, ningún menor fue acusado de asesinato
158
Violenc. doméstica
Además, hubo 22 agresiones y 16 abusos sexuales
141
Robos con fuerza
Otros 53 por robos con intimidación y 137 por hurtos