Un «corralito encubierto»


La Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y de Seguros (Adicae) ha decidido presentar una demanda civil colectiva para intentar recuperar el dinero que miles de personas depositaron en su momento en las llamadas participaciones preferentes, un producto financiero que casi una decena de entidades de toda España ofertaron mayoritariamente entre los años 2006 y 2009, con una rentabilidad del 6 % para los usuarios y con un plazo de vigencia a perpetuidad. En la práctica, los impositores no pueden rescatar el dinero hasta dentro de miles de años, aunque el servicio fue camuflado como una cuenta a plazo fijo.

La portavoz de Adicae en Galicia, Eugenia Mariño, subrayó ayer en Vigo que en el conjunto de la comunidad gallega han aflorado cientos de casos ya constatados y existen muchos más sin registrar (se estima la existencia de unos 100.000 en toda España). La representante animó a todos aquellos damnificados por este producto a que se personen en el proceso antes del próximo 15 de marzo para tratar de conformar una masa crítica suficiente que les haga ganar peso en su reclamación ante los tribunales. En la vía judicial, también el Ministerio Fiscal de Pontevedra ha abierto diligencias informativas sobre Novagalicia Banco (NCG Banco) para recabar información sobre el particular, para detallar si este servicio ha podido vulnerar los derechos de los consumidores, en concepto de publicidad engañosa.

Mariño, que estuvo acompañada por dos de los afectados por estos productos, Moisés Freire López y Rebeca Rebolo Constenla, afirmó que parte del sistema financiero ha campado a sus anchas en España en los últimos años y que el caso de las preferentes «es solo un engaño más». Recordó el cierto paralelismo con los pasados casos de Gescartera y Afinsa, en el sentido de que «fue un fraude a los ahorradores, porque no se ha recuperado el dinero de los ciudadanos, ni nada se sabe de la situación de las empresas intervenidas». Mariño, con todo, declinó aclarar si se trataba de un caso en el que pudiese interesar algún tipo de responsabilidad patrimonial del Estado, por la vía de la intervención o, al menos, el permiso tácito del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Según los datos proporcionados por Adicae, Novacaixagalicia llegó a captar un total de 1.078 millones de euros en este producto, de los que 575 millones corresponden a los de la antigua Caixa Galicia y el resto a Caixanova. A juicio de Adicae, la masiva captación de fondos fue precisamente para pagar el coste de la fusión entre ambas entidades crediticias gallegas.

Adicae y los afectados no dudan en calificar la situación actual como un «corralito encubierto», apadrinado por las entidades financieras en un momento en el que necesitaban urgentemente liquidez -que precisamente lograron con esta fórmula- y con el beneplácito del Banco de España e instituciones políticas estatales y de la comunidad gallega. En defensa del Parlamento de Galicia, puede decirse que el pasado 15 de febrero se aprobó una resolución por unanimidad en la que se reclamaba una solución para los afectados. En distintos concellos del sur de Galicia se han creado comisiones especiales de investigación, habida cuenta de los numerosos afectados y de los problemas generados.

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