El modelo que se impone vuelve a recortar los derechos de los empleados
14 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El objetivo central de la reforma es conseguir un modelo de relaciones laborales con menos derechos para los trabajadores, más poder para los empresarios y, sobre todo, reducir los salarios. Para alcanzar este objetivo, la reforma utiliza los siguientes instrumentos y medidas:
Hacer que el despido sea más fácil. Las empresas pueden presentar ERE de extinción de contrato sin necesidad de autorización previa de la autoridad laboral. Tanto para estos despidos como para los individuales, se amplían las causas para justificar los despidos objetivos, de tal forma que este despido sea el habitual. En concreto, se incluye como causa de despido la caída en sus beneficios o en sus ventas durante tres trimestres, algo que en situación de crisis como la actual es generalizado y de muy difícil comprobación.
Hacer que sea más barato. La medida fundamental es extender la aplicación del despido objetivo que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de un año de salario. Además, se mantiene que el Fondo de Garantía Salarial pague el 40 % de la indemnización en las empresas de menos de 25 trabajadores (el 95 % de las que hay en Galicia), de tal forma que el coste para la empresa es de tan solo 12 días por año.
Desaparece el contrato indefinido con 45 días de indemnización en caso de despido improcedente y todos los nuevos contratos indefinidos tendrán como máximo una indemnización de 33 días, con el tope de dos anualidades. Una medida que afecta también a los trabajadores que ya tenían un contrato indefinido, porque los 45 días solo se tienen en cuenta para el pasado y lo que trabajen a partir de ahora se indemniza con 33. Y se introduce un tope de dos años de indemnización, salvo para los que lleven 28 años en su empresa, una ínfima minoría.
El resultado es una reducción del coste del despido improcedente del 43 %, una caída que llega hasta el 71 % si se generaliza el despido objetivo y que en el caso extremo, las empresas de menos de 25 trabajadores, es del 83 %, por la aportación del Fogasa.
Bajar los salarios. La reforma pretende mejorar la competitividad de las empresas por la peligrosa vía de reducir los salarios en vez de apostar por la eficiencia. Es la estrategia de la «devaluación interna», una alternativa cuando no es posible devaluar la moneda, que se ha llegado a cuantificar en una reducción del 25 % de los salarios españoles. Para ello se facilita que las empresas no apliquen las cláusulas económicas de los convenios colectivos del sector, los descuelgues y -lo que es mucho peor y peligroso- se autoriza al empresario a reducir de forma discrecional el salario actual que cobran sus trabajadores. Esta reducción puede ser individual, a los empleados que el empresario considere poco productivos, a un grupo o sección o a toda la empresa. Se establece un proceso formal de comunicación y negociación, pero la reforma otorga al empresario la capacidad de decisión final.
Debilitar la negociación de los convenios colectivos. En España se negocian cerca de seis mil convenios colectivos que regulan las condiciones en las empresas y sectores productivos, estableciéndose una articulación de los diferentes ámbitos de negociación, desde el convenio de sector estatal al provincial y luego al de empresa.
La reforma rompe con este modelo y autoriza a que en el marco de cada empresa se puedan pactar condiciones laborales, como los salarios o la jornada, por debajo de los convenios de sector. Esta decisión puede provocar una carrera competitiva hacia abajo, porque cada empresa que baje sus costes provocará que las demás hagan lo mismo.
Pero la reforma incluye, además, una carga de profundidad contra la negociación colectiva porque elimina la vigencia del convenio si no se vuelve a negociar antes de dos años desde que caducó. De esta manera se podrían perder todas las mejoras del convenio de empresa o del convenio del sector acordados durante décadas, porque las empresas pasarían a estar reguladas por el convenio de sector, si existe, o por el Estatuto de los Trabajadores y por el salario mínimo interprofesional.
Aumenta la capacidad de decisión unilateral del empresario. La reforma provoca un desequilibro a favor de los empresarios, porque debilita muchas normas y procedimientos que protegían a los trabajadores. Alguno ya se apuntó. Hacer despidos colectivos sin autorización previa, poder bajar los salarios, facilitar el despido, salirse del convenio? son actuaciones que refuerzan el poder empresarial.
Pero hay más, la reforma cede al empresario todo el poder para modificar las condiciones fundamentales del trabajo, de forma que los traslados a otros centros, el horario, los turnos o la movilidad funcional e incluso los ERE de suspensión de contrato o reducción de jornada pasan a ser objeto de la decisión unilateral del empresario, sin necesidad de acuerdo o autorización previa.
Deteriora todavía más la contratación temporal. En España se realizan cada año 14 millones de contrataciones temporales y hay, según el propio Gobierno, un número excesivo de modalidades de contratos.
La reforma no soluciona ninguno de estos problemas, ni siquiera lo intenta. Más aún, no solo no reduce las modalidades contractuales sino que las aumenta, creando un contrato nuevo para empresas de más de 50 trabajadores. Este contrato, además de muy subvencionado, tiene una condición muy peligrosa: extiende hasta un año el período de prueba, lo que significa que en ese tiempo la empresa puede despedir sin ningún trámite ni coste, solo con la libre voluntad del empresario.
También se deterioran los contratos de formación, porque se permite que hasta los treinta años los jóvenes realicen contratos de este tipo de manera continuada y sucesiva. Por último, se autoriza a realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, una práctica inquietante que va contra la lógica de este tipo de contrato.
análisis
Cede al empresario todo el poder para cambiar las condiciones de trabajo
Manuel Lago Peñas es economista de CC.?OO.