a racionalidad que debe guiar una resolución judicial casa mal con un entorno de emotividad disparada. Es lo que ha ocurrido en casos como los de Marta del Castillo, Camps y, por supuesto, Garzón. Estamos ante un juez que adquirió un protagonismo inadecuado. Lo obtuvo por la relevancia de muchos de los casos que instruyó, pero también por su aparatoso paso por la política. Su beligerancia más allá de los tribunales ha sido desmedida y le ha granjeado adhesiones inquebrantables, pero también enemigos acérrimos. No obstante, la justicia debe ser administrada desde el rigor y la aplicación estricta de las leyes. Sin excepción. Y no cabe pensar otra cosa ante un fallo adoptado por unanimidad. Pero, como toda obra humana, es susceptible de crítica.
Para que haya prevaricación debe darse una vulneración palmaria, evidente e intencionada del ordenamiento jurídico. Pero las escuchas ordenadas por Garzón fueron respaldadas por la Fiscalía y refrendadas por otros dos jueces. Es, en consecuencia, una decisión cuando menos controvertible. Era, además, una resolución recurrible y, por tanto, subsanable dentro del proceso, incluso con la anulación de las pruebas. Una infracción procesal no es sinónimo de ilegalidad. Si no, habría cientos de jueces inhabilitados. Todo unido alimenta las dudas, pese a la contundencia del fallo. Para unos, el justiciero ha sido ajusticiado; para otros, es lo que merece; pero lo cierto es que la Justicia vuelve al ojo del huracán.
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