Primeros intentos de racionalizar en el XVIII


La directora del archivo provincial recuerda que los intentos para reducir el número de Ayuntamientos no son algo nuevo. «Floridablanca publicó en 1787 su Nomenclátor, donde se intentaba una racionalización de la división territorial», explica. Le siguieron otros intentos, como el de las Cortes de Cádiz: «Encargan a Felipe Bauzá un nuevo plan de división territorial basado en el número de habitantes, el gasto de las circunscripciones y, en la medida de lo posible, el respeto a las tradiciones. Su modelo no pudo ser aprobado, al paralizarlo Fernando VII en 1814». Pero salen adelante otros decretos en el XIX. Además, «la necesidad de reestructurar y reducir el número de ayuntamientos aparece recogida desde 1860, con el proyecto de ley de Ayuntamientos de Posada Herrera, que propone suprimir los que tengan menos de 2.500 habitantes; la ley de 1866 proponía eliminar los de menos de 1.000; en 1884, Romero Robledo presenta una propuesta de racionalización territorial a las Cortes en la que propone la comarcalización, como manera de proveer de recursos a los más pequeños y débiles», añade.

Siguen en el XX. Moret propone una reforma de la ley municipal en 1902, en la que los concellos que no lleguen a 500 habitantes se incorporarán a los más cercanos y se facilitará la unión de los menores de 2.000. No fue el único proyecto. La situación variará poco hasta la dictadura de Primo de Rivera: el Estatuto de 1925 enmarca a la provincia en la administración local, como demarcación intermedia entre Estado y municipios.

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Primeros intentos de racionalizar en el XVIII