Hace un año nos despertábamos con la Costa da Morte en la portada de todos los medios, por motivos que, lejos de enorgullecernos como en otras ocasiones en las que se ha elogiado nuestro paisaje, nuestra cultura o nuestra gastronomía, nos hacían sonrojar ante la opinión pública, conmocionada por la intervención de las fuerzas de seguridad en los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos. El enorme despliegue policial y judicial dejaba entrever hechos de una gravedad al menos presumible, todo ello aderezado por el socorrido titular de que estábamos ante una operación contra la corrupción urbanística, tan de moda, por desgracia, en nuestro país. Mirando la vista atrás, uno no tiene la certeza de qué puede depararnos el resultado final de la investigación, aún en marcha y ramificada en diversas piezas que dificultan no solo su seguimiento, sino también el planteamiento concreto del caso ante el órgano que ha de asumir, en el futuro, su enjuiciamiento. A medida que hemos conocido detalles, y con la prudencia que aconseja la posición del espectador, se vislumbra la existencia de actuaciones que pueden resultar, cuando menos, contrarias a la ley, pero que guardan una nula relación con lo que ha sido, y es, la corrupción urbanística en España. Como es lógico, quien se aparta del camino legal debe atenerse a las consecuencias, pero en la medida que prevé el ordenamiento jurídico: pretender, como se dijo en aquellos días, que la Costa da Morte se había transformado en la Marbella del norte, era ridículo entonces y sigue resultándolo hoy en día. Cosa distinta es que sea necesario, y sano, que se depuren responsabilidades, pero me temo que para eso todavía tendremos que seguir esperando, al menos, otro año más. Así que esperaremos al siguiente febrero...