El método de la congelación salarial a los empleados públicos ha sido implantado en este país como una medida de contención del gasto público para mantener un objetivo de crecimiento cero dentro de los costes de personal y en esta forma lograr reducciones del déficit publico dentro de las enormes cifras que maneja el Estado. Esas congelaciones salariales significan en la práctica el recurso fácil del gobernante ante una situación que escapa a su propio control. Este tipo de medidas de congelaciones salariales tienen cierta complacencia y comprensión por parte de la ciudadanía que ve en el empleado publico a aquel privilegiado que goza de la condición de fijo en un empleo al que llega tras procesos de selección no exentos también de suspicacias.
Las congelaciones salariales deberían tomarse como lo que significan auténticamente al representar un signo de la incapacidad del gobernante en controlar el gasto y de lo que graciosamente se llama en ocasiones fiscalización de los fondos públicos. Con frecuencia surgen las noticias de los balances anuales de los órganos de control del Tribunal de Cuentas o sus equivalentes autonómicos transmitiendo una idea generalizada y normalmente acertada de un gasto excesivo, obras no justificadas y elevados costes, pero sin que esas advertencias o titulares públicos se traduzcan en medidas que eviten la reproducción de esos defectos y consolidan la falta de confianza de los ciudadanos ante el gasto que hacen los políticos en la Administración Publica. El Estado y, también las distintas administraciones publicas tienen las herramientas que permiten un control del gasto publico y evitar que se produzcan situaciones de malgasto de los fondos públicos y, como consecuencia de ello las congelaciones salariales.
No se trata de establecer una guerra comparativa entre el empleado público o del sector privado sino que la opinión pública tenga la imagen real de que tan perjudicado es el público como el privado ante situaciones como las que se están produciendo actualmente. El ritmo de crecimiento de las retribuciones del funcionario nunca ha sido superior al 2 % anual y con normas que sitúan sus retribuciones totalmente controladas y fiscalizadas por Hacienda. En los últimos años, la medida de incremento del Salario Mínimo Interprofesional ha conducido a que este sea entorno a los 641 euros frente a los 548 euros de sueldo base del puesto más bajo de la Administración. Los mismos porcentajes de crecimiento del SMI son los aplicables a las revisiones al alza en las bases mínimas de la seguridad social y esto unido a una fiscalidad alcista en un sueldo congelado, da como resultado que cada año (y van cuatro) el salario anual del empleado público sea cada vez menor y referido a los auténticos empleados que están y prestan servicios a los ciudadanos, no a aquellos altos miembros de la Administración, Directores Generales, secretarios, miembros de gabinete, asesores y personal de las titulaciones más variopintas que proliferan con el beneplácito de todas las fuerzas políticas en mayor o menor grado. Las congelaciones salariales seguirán siendo necesarias en la misma medida en que se incumplan todas leyes y planes de contención del gasto.
El estancamiento salarial será necesario siempre que no se cumpla todas las leyes