El caso Camps acaba, por ahora, con la estrambótica absolución del expresidente valenciano del delito de cohecho impropio.
26 ene 2012 . Actualizado a las 11:35 h.Por si quedaba alguna duda sobre la necesidad de reformar por completo el sistema judicial español, el caso Camps acaba, por ahora, con la estrambótica absolución del expresidente valenciano del delito de cohecho impropio. Un delito que admitieron haber cometido otros dos exmiembros de su Gobierno, Víctor Campos y Rafael Betoret, acusados exactamente con los mismos indicios y en el mismo caso que Camps y Costa, también absuelto. A falta de conocer con más detalle los argumentos, la primera conclusión es, como ya apuntaron antes muchos juristas, que nunca debió ser juzgado por un jurado popular. Bien podría decirse que quienes han decidido ahora sobre Camps votaron hace menos de ocho meses a favor o en contra de él, ya que las elecciones autonómicas se celebraron con el caso en marcha. Con lo que el resultado es lógico. Rajoy tiene ahora el difícil reto de explicar por qué forzó la destitución de un político que siempre defendió su inocencia dentro y fuera del partido. Quizá, al estilo de lo que ha hecho el rey con Urdangarin antes incluso del juicio, le quepa el recurso de decir que su comportamiento «no parece ejemplar». Pero más complicada es la papeleta de decidir qué hacer ahora con Camps, convertido en un cadáver político, por mucho que se ría. Se entiende la prevención de Rajoy a la hora de asumir personalmente su destitución. Temía que sucediera lo que finalmente ha sucedido. Que fuera absuelto. Culpable o inocente, el espectáculo lamentable que ha ofrecido el expresidente valenciano en todo este proceso, las grabaciones en las que llamaba «amiguito del alma» a un sinvergüenza como el Bigotes, y sus continuas contradicciones, le inhabilitan políticamente para ocupar un cargo público.