A pesar de que nadie duda de que las sentencias que condenan al Cuco y a Miguel Carcaño se ajustan a derecho en cuanto a las penas de cárcel impuestas, ambas discrepan en cuanto a las indemnizaciones que han de pagar. Al menor se le exige el abono de los 414.000 euros que costó la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Mientras, al asesino confeso se le exonera de eso. Eso se debe a que con las «manifestaciones reiteradas y falsas» del Cuco ante la Policía y el juzgado «obligó a la Administración a desplegar un dispositivo de búsqueda infructuoso». Víctor Espinosa va un poco más allá y para él se debía aplicar «un agravante por ocultar el cadáver».
Diferencias indemnizatorias aparte, los juristas consultados advierten de que «la ley es la que hay» y las penas impuestas en ambos casos se ajustan al Código Penal. Por tanto, «es injusto cargar contra el juez», puntualiza un fiscal. Si lo que quiere la sociedad es endurecer las penas, que Carcaño no salga de prisión en 30, 40 o 50 años, «el asunto está en manos del legislador». Y aquí surgen dos corrientes, la de los juristas garantistas y la de los que abogan por endurecer las penas.