Pero no todo han sido desacuerdos. De hecho, los agentes sociales enviaron a última hora de la tarde de ayer un documento de 67 páginas al Ministerio de Empleo en el que detallaban los seis temas en los que sí alcanzaron consensos.
Así, además de en la solución extrajudicial de conflictos -recurriendo a la mediación y al arbitraje en lugar de a los juzgados- y en el mantenimiento de los acuerdos en vigor para la formación profesional para el empleo, de la que destacan los buenos resultados obtenidos desde su implantación en 1993, empresarios y sindicatos también hicieron piña en la defensa de las figuras de la jubilación anticipada y de la prejubilación.
Respecto a la última, destacan que no supone coste añadido para la Seguridad Social, puesto que los trabajadores que optan por ella disfrutan de una pensión a la que se le aplica un coeficiente reductor.
En el caso de las prejubilaciones -que Rajoy, en su discurso de investidura, dijo querer eliminar- los interlocutores sociales están de acuerdo en que son una fórmula necesaria, además de la menos traumática, cuando las empresas se ven obligadas a prescindir de trabajadores a partir de 50-55 años. Asimismo, defienden esta vía de transición entre el despido y la jubilación porque, además de permitir al trabajador acceder a una pensión digna, posibilita -a través de los contratos de relevo- el acceso de jóvenes al mercado laboral.
Sindicatos y empresarios defienden al alimón que se prorrogue el acuerdo firmado en el 2009 sobre bonificaciones a empresas que optaran por los ERE de reducción de jornada o de suspensión, en lugar de extinción. El mismo acuerdo establecía que a los afectados por los expedientes se les reponían las prestaciones por desempleo percibidas durante la duración de estos.