El tope de 1.000 euros desata protestas en Italia, un país reacio a las tarjetas


roma / corresponsal

Una de las normas del plan de ajuste que presentó en diciembre el presidente del Gobierno italiano, Mario Monti, se refiere a los pagos en efectivo, que se limitan a 1.000 euros. Es una de las medidas para luchar contra el fraude fiscal. Por encima de esta cantidad solo se podrá pagar con cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito y está prevista una sanción administrativa que varía entre el 1 y el 40 % del importe transferido. En el ajuste económico de agosto, aún bajo el gobierno de Silvio Berlusconi, se había rebajado de 12.500 a 2.500 euros.

El nuevo límite está vigente desde enero y no han faltado las protestas, pues el uso en Italia de tarjetas de crédito y otras de pago es mucho menor que en otros países europeos. Las estadísticas hablan de que tan solo se utilizan 26 veces al año, cinco veces menos que en el Reino Unido. Para los italianos, el pago en efectivo no es solo una manera de escapar del control de Hacienda. Es también un hecho sociológico difícil de cambiar. Para muchos, el temor es que con el pago a través de tarjetas los comerciantes aumenten los precios para contrarrestar las comisiones que los bancos les exigen por el uso del dinero de plástico, que puede llegar hasta un 2 %.

No solo se abona en efectivo al mecánico o al fontanero. En Italia también son muchas las pequeñas empresas que aún pagan así a sus empleados, lo que permite que declaren entradas de dinero inferiores a las efectivas. También son muchos los funcionarios y jubilados que reciben en efectivo sus salarios y pensiones. A partir de marzo, solo será posible si son menos de 1.000 euros.

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