Sí que hay expertos en crear problemas. Las declaraciones de la ministra Celaá sobre la libertad de educación lo confirman. El pacto que supone el artículo 27 de la Constitución alumbró un modelo educativo en el que a la iniciativa pública, obligatoria e irrenunciable, se puedan sumar iniciativas que conformen un sistema de pluralidad de centros que garantice la posibilidad de elección. Y lo primero que hace el citado artículo es establecer el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en el mismo apartado. Y añade «que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita». Quienes pretenden enfrentar la enseñanza pública con la concertada, afirman que le resta recursos. La concertada, por cierto en su actual formato legal establecida por un gobierno de Felipe González, escolariza a niños y niñas que tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza básica. Por fortuna ese derecho permite que la elijan quienes, si no estuviese subvencionada, no tendrían recursos para pagarla. Además de que el coste para el Estado es mucho menor hay, evidencia contrastada de que su calidad no es inferior a la dela pública. Y conviene recordar que todos los padres pagan impuestos, sea cual sea su elección. Si se les niega el derecho a elegir centro educativo, naturalmente dentro de las posibilidades legales que se oferten ¿en qué queda su libertad de elección? Y qué esconde este intento de reinterpretar el pacto educativo…