Fue la crónica de una muerte anunciada y la acaba de certificar Bruselas. El proyecto del dique flotante, que ni quiso el anterior equipo de Navantia, ni tampoco gozó nunca del entusiasmo del actual -la SEPI quería enterrarlo antes de presentar la consulta formal a la Dirección de la Competencia- pasará a convertirse en otra de las actuaciones que Madrid rehúsa defender a capa y espada para apuntalar el sector naval de la ría.
Pero si incomprensible es la falta de apoyo a un sector que en Ferrolterra genera puntas de actividad para unas 2.000 personas, trabajo estable para las compañías auxiliares y que no se ha apartado de la senda de los beneficios pese a la crisis económica, más indignante es comprobar el cruce de acusaciones políticas. El tú más que preside cada vaivén del sector. Presenciar como José Blanco, el que fuera ministro de un gobierno socialista que justificó su negativa al proyecto precisamente en las trabas comunitarias, anuncia que defenderá la actuación en Bruselas, o como desde las filas de los populares se sigue apelando con insistencia a la herencia zapaterista como el mal de unos astilleros a cuyo frente nombraron -y mantienen- a una cúpula sin resultados de gestión provoca, cuando menos, rabia y frustración.
Es verdad que el dique no es el único salvavidas del sector. Si se cierran nuevos encargos, el empleo volverá a fluir impulsado por las antiguas Astano y Bazán. Pero la ceguera que tiene Madrid con la división de Reparaciones se va a pagar caro. La factura, una vez más, en Ferrol.