La jueza resolverá primero sobre el fondo del asunto antes de autorizarlo
02 may 2014 . Actualizado a las 13:02 h.La demolición de los tres chalés construidos ilegalmente en la zona de A Vacariza (también denominada A Vaqueriza) en San Mateo (Narón) queda paralizada temporalmente.
La magistrado Lara de Luna, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol, ha resuelto cautelarmente suspender esta medida, adoptada por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), a la espera de resolver sobre el fondo urbanístico del asunto.
La Axencia sostiene que las tres casas, levantadas hace ya más de una década, fueron construidas sin licencia alguna y en suelo rústico. De manera que, añade, no existe posibilidad de legalización, justificando así la orden a los propietarios de que procedan a la restitución de la legalidad, es decir, al derribo. De lo contrario, dice la resolución administrativa, ejecutará la misma APLU y cobrará el costo a los dueños.
Pero contra esta decisión han recurrido los tres propietarios, pidiendo inicialmente que como medida cautelar se pare la demolición.
La policía nacional había advertido ya, en ocasión de una de las varias operaciones antidroga con entrada y registro en estas casas, que carecían de licencia. El Concello de Narón había iniciado el expediente sancionador, si bien posteriormente se abstuvo de continuarlo al saber que las parcelas son suelo rústico y, por consiguiente, la competencia es de la Xunta. La autoridad municipal informó de la situación a la APLU, con los resultados apuntados. Los residentes en este grupo de viviendas han alegado también estado de necesidad porque son las únicas casas que tienen y por ello pidieron la paralización hasta que haya un pronunciamiento definitivo.
La actuación municipal en este asunto había conllevado la imposición de multas de mil euros a los propietarios, que no llegaron a concretarse porque, con posterioridad, la alcaldía resolvió revocarlas al inhibirse en favor de la Axencia. Los recurrentes son I. S. M., M. J. M. R. y J. S. M., bien titulares catastrales o residentes.
Aunque la Axencia advertía de la imposición también de multas coercitivas si se incumplía su orden de demolición, tampoco llegaron a concretarse. El expediente de reposición de la legalidad urbanística municipal es del año 2012, tras la advertencia hecha por el Cuerpo Nacional de Policía. El propio alcalde, Xosé Manuel Blanco, había informado del expediente.