El fiasco del negocio del biodiésel en la zona, salvando la situación de Infinita Renovables, ha supuesto la inutilización de una inversión aproximada de 150 millones de euros con un apoyo de fondos públicos que, por el momento, todavía no ha trascendido.
Infinita requirió una aportación económica de ochenta millones de euros. A ellos hay que sumar los 47,7 millones de la zaragozana Entabán. Entre ambas instalaciones suman 73.000 metros cuadrados de terreno ocupado en el puerto exterior de Ferrol, un asentamiento privilegiado cuyo suelo es mucho más caro que el de cualquier polígono industrial.
Biocarburantes Peninsulares, con sede social en Madrid, levantó una planta en Río do Pozo con una inversión de unos 25 millones de euros. Está concluida hace tiempo, pero nunca ha entrado en funcionamiento.
¿Cuáles son las causas de toda esta situación? Las plantas de la zona, al igual que la mayoría de las que hay en España, han tenido que sufrir las consecuencias de la competencia desleal de biodiésel llegado de otros países, como Argentina o Estados Unidos, a precios mucho más reducidos que los de la producción nacional.
Hasta el momento, el Gobierno central no había tomado ningún tipo de medida proteccionista con las plantas españolas. Ahora, con la asignación de cuotas de las que se beneficia Infinita, el panorama puede empezar a cambiar.