Barros matiza que el respaldo económico será, en todo caso, subsidiario
24 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Natalia Barros, parlamentaria autonómica del PP, aseguró ayer que si finalmente Navantia y su accionista, la SEPI, autorizan la construcción del dique flotante para la división de Reparaciones, la Xunta respaldará económicamente esta actuación, tal y como se comprometió al aprobar una proposición no de ley en ese sentido el pasado día 14 de septiembre. La diputada explica que su partido votó en contra de dos enmiendas para la inclusión de partidas en los Orzamentos para el 2012 para la financiación de la infraestructura y la creación de un gran centro de reparaciones en la ría ferrolana porque la obra ni siquiera está autorizada por los responsables de la compañía.
Natalia Barros, que insistió en el apoyo del PP a esta demanda de los trabajadores de Navantia y también al sector naval de la ría, afirmó que el Gobierno autonómico dispone de recursos económicos, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), para, llegado el momento, amparar inversiones como la del dique flotante, sin necesidad de consignar partidas específicas en los presupuestos.
La parlamentaria no considera una incongruencia que la Xunta apele a que los astilleros son del Estado cuando se le requiere financiación para un proyecto pero presente planes para esas mismas factorías. Afirmó que el Ejecutivo gallego lanzó sus propuestas para el naval de la ría cumpliendo un mandato del Parlamento, y después de que «por parte del Gobierno de España no se hubiese presentado ni una sola alternativa para el veto, el dique o el tax lease».
Críticas a la oposición
Barros criticó la postura de los dos grupos de la oposición, el PSOE y el BNG, a los que acusó de «presentar iniciativas para pedir cosas por pedir», y en ese sentido citó un centro tecnológico para el naval para Ferrol, «cuando aquí ya está funcionando uno». La parlamentaria ferrolana del PP insistió en su respaldo al proyecto para la división de Reparaciones, aunque admitió que el respaldo económico sería «subsidiario» al del Gobierno central y no equitativo.