eemos y oímos con frecuencia la permanente reivindicación del mantenimiento de determinados privilegios, muchos de ellos herencia de un pasado que parecía superado, que son un atentado a ese principio que consagra el artículo 14 de nuestra Constitución que establece la igualdad ante la ley.
Ejemplos hay y muchos. Uno de ellos es el del cobro de pensiones muy generosas por parte de ciertos cargos políticos que cotizaron solo unos años, mientras tantos ciudadanos que lo hicieron durante una larga vida laboral, cobran pensiones por debajo del salario mínimo.
Otro ejemplo puede ser el de la gratuidad de las matrículas universitarias para docentes e hijos.
¿En qué puede apoyarse tal pretensión? La Universidad tiene serios problemas de financiación y lo que no pagan unos tienen que pagarlo otros, directamente en su matrícula e indirectamente con la parte de sus impuestos que se destina a la financiación de la Universidad.
Y qué decir de esos bancos o cajas cuyos dirigentes reciben cantidades millonarias en bonificaciones o cuyos empleados disfrutan de ERES que son? Vacaciones generosamente pagadas mientras los clientes pagan comisiones abusivas, incluso por tener una libreta de ahorro?
Una sociedad que presume de democrática no puede mirar sin irritarse la lucha de algunos por conservar su derecho a que otros paguen por lo que a ellos se les regala, sin más justificación que la de que el tiempo le dio, a ese privilegio, naturaleza de derecho.
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