Hay algo de prepolítico en las reacciones que provocó la noticia de que el Ministerio de Defensa iba a regularizar los pagos al Concello de Ferrol del IBI del astillero militar (Navantia). Son millón y medio de euros de entrada y luego 600.000 cada año que pase. No están nada mal para unas arcas municipales tradicionalmente muy faltas de cariño (dinero) como las ferrolanas. Las reacciones de la oposición, lógicas en esta coyuntura cercana a comicios, fue restar méritos al concejal de Facenda y al alcalde. Pero en todo caso, viendo lo que le espera a la ciudad con los recortes del gobierno amigo autonómico, objetivamente la noticia debe ser vista como agua de mayo, aunque sea en noviembre. La legitimidad de las críticas del principal partido de la oposición, por tanto, parece cuando menos discutible. El Ayuntamiento de Ferrol arrastra desde hace décadas problemas financieros producto del estatus particular que le dejó la dictadura: como todo se debía a la Marina, pues la Armada nada tenía que pagar a la municipalidad. Ya bastante hacían con estar aquí y gastar aquí... Con este discurso se aguantaron décadas hasta que en 1976 fue un alcalde ex marino (Francisco Caamaño) el que dijo que ya estaba bien, que la ciudad tendría que recibir una compensación. Ni se le podía acusar a Caamaño de anti Marina ni cosa por el estilo. Sin embargo, hasta la reforma de las leyes que acabaron con parte de estas exenciones tributarias, no se consiguió una base normativa con la que reclamar el pago de impuestos como el IBI, aunque la cosa no ha terminado. No hay plena seguridad jurídica de que Navantia esté sujeta al pago, de ahí la importancia de la decisión del ministerio de normalizar los pagos. Aunque sea necesario aguardar el tiempo que se demore el Supremo en pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo cierto es que la decisión del Gobierno de España bienvenida sea. Por eso algunas valoraciones parecen más prepolíticas y de coyuntura que sobradas de razón.