Por razones desconocidas algunas desgracias lastiman la sensibilidad y concitan la reacción de la sociedad, mientras otras de similar gravedad pasan desapercibidas y apenas provocan algo más que el olvido. Las primeras -no nos engañemos: más por rentabilidad electoral que por remover los fundamentos éticos de la colectividad- pueden llegar a alterar las normas por las que regulamos nuestra convivencia. La reciente tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal es un excelente ejemplo de esta disparidad de trato.
Hace unos días se celebró ante un juzgado de Betanzos la vista de una causa instruida a raíz de la muerte de dos jóvenes en aguas del río Mandeo, en el municipio de Aranga, hace ya más de diez años, a consecuencia de una riada desencadenada por la actividad de una central hidroeléctrica. No es el primer accidente mortal que se registra en Galicia por este mismo motivo. Sin embargo, las condiciones de seguridad en los ríos permanecen sustancialmente igual que antes. Ahí está el Eume para probarlo. Como antes, el asunto parece haber quedado zanjado con la instalación de unos carteles elementales con el aviso de que el nivel de las aguas puede subir repentinamente. A partir de ahí, el caudal del río experimenta importantes variaciones, siempre a conveniencia del beneficio de la central hidroeléctrica. ¿Qué dirían si una Administración considerase protección suficiente para los peatones la mera advertencia de la peligrosidad del tráfico?
Ayer se levantó la veda de los reos. Los pescadores que decidan tentar la suerte en alguno de los ríos con aprovechamiento hidroeléctrico deberán tener presente que su seguridad no preocupa hasta el punto de que Xunta y Gobierno obliguen a las eléctricas a instalar un mecanismo de alerta que se active cada vez que ponen a trabajar sus turbinas, cada vez que a la par que el nivel de las aguas sube la cuenta de resultados de las empresas agraciadas en exclusiva por un bien de toda la sociedad.