Pongamos que usted está en su casa a punto de encender el televisor para ver las noticias. Pongamos que se ha comprado su decodificador y que ha bailado convenientemente la antena para captar la nueva TDT. Pongamos que le da al botón y que la pantalla aparece azul pitufo y con el mensaje sin señal. Pongamos que eso sucede el 1 de febrero. Y que casi veinte días después el negocio sigue igual. Que para ver la tele se tiene que ir de su domicilio. Pongamos, además, que nadie le informa con claridad sobre qué puede hacer para variar esa situación. Y pongamos, por último, que la única oferta que le plantan sobre la mesa es que se tiene que pagar una parabólica. Cuando todos los vecinos que le rodean no han tenido que hacerlo. Pongamos que tiene usted que pasar por todo eso, simplemente, por vivir donde vive. Y pongamos que la cosa es verdad y que sucede en Valdoviño. En Porto do Cabo.
Otra propuesta. Pongamos que van a hacer la obra de una carretera que pasa frente a su domicilio. Pongamos que usted ya sabe que le van a expropiar parte de sus terrenos para que se pueda ejecutar. Pongamos que de lo que se trata es de mejorar la seguridad vial en el área. Pongamos que, al final, usted se encuentra acorralado en su propia residencia, con una entrada para su vehículo digna del paleolítico y con una finca que acaba en un terraplén hacia un precipicio. Y pongamos que el cierre para ese gran abismo, además, se lo tiene que pagar usted. Después de haber sido expropiado. Y pongamos, de nuevo, que eso es verdad. Y que le sucede a un vecino de Mugardos. Con nombre y apellidos.
¿Y los derechos de la gente? ¿Y las soluciones a problemas que los vecinos se tienen que comer sin haberlos generado? ¿De dónde tienen que venir? ¿Y la Administración? ¿Cuál es entonces su papel en todo esto? ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda? Lo parece.